El Congreso de Perú decidió suspender la interpelación a la que iba a someter este jueves al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, ante la emergencia que afronta el país, causada por fuertes lluvias e inundaciones, informó la presidenta del Legislativo, Luz Salgado.
Redacción El Político
Foto: Crónica Viva
"Estamos suspendiendo la interpelación del día de mañana, y la vamos a dejar hasta nuevo aviso, hasta que las condiciones climáticas lo permitan. También para que los congresistas estén en sus zonas apoyando", declaró Salgado a la emisora RPP Noticias.
Vizcarra, quien visitó la ciudad norteña de Chiclayo para supervisar labores de emergencia, declaró luego al Canal N de televisión que está "totalmente dispuesto a participar en este proceso" de interpelación, aunque dijo que esperará a la decisión final del Congreso, señala EFE.
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"Si toman esta decisión ante la emergencia, estamos dispuestos a postergar, esperaremos a cuando determine el Congreso", remarcó antes de enfatizar que los desastres naturales están afectando a 20 de las 24 regiones del Perú.
"Ahora todos tenemos que unirnos", enfatizó.
El Congreso aprobó el pasado 9 de marzo interpelar a Vizcarra, quien también es primer vicepresidente de Perú, por las presuntas irregularidades en la concesión para la construcción del nuevo aeropuerto internacional del Cuzco.
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Vizcarra debe informar sobre las acciones y decisiones adoptadas por el Ejecutivo, y las motivaciones para adoptarlas, al aprobar el proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto del Cuzco, y la suscripción de una adenda del contrato de concesión.
El pasado 4 de marzo, el procurador anticorrupción, Amado Enco, denunció a Vizcarra por la presunta comisión del delito de colusión por la firma de la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto.
El Gobierno peruano se ha enfrentado a duras críticas desde el inicio de las obras del aeropuerto ubicado en la localidad de Chinchero, a 30 kilómetros al sur de Cuzco, debido a que el contrato incluyó una adenda en la que el Estado asume el mayor coste del proyecto.