En una carta enviada a la Comisión de Instrucción del Senado de la República el congresista José Obdulio Gaviria solicitó anular todo lo actuado en la investigación que se adelantó contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub por presuntamente haber solicitado 500 millones de pesos para favorecer el trámite de una tutela presentada por la empresa Fidupetrol en contra de una multa de 35 mil millones de pesos interpuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En el documento publicado por el portal losirreverentes.com el senador instructor del caso asegura que el representante Julián Bedoya, quien presentó el escrito de acusación contra Pretelt Chaljub, incurrió en varios errores a la hora de evaluar los elementos materiales probatorios recolectados, además de limitar el derecho a la defensa del expresidente de la Corte Constitucional vulnerándole su debido proceso. Por lo que pide formalmente la nulidad.
En la carta enviada al senador Juan Manuel Corzo, presidente de la Comisión de Instrucción, Gaviria asegura que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no está conformada para adelantar una investigación, lo cual se deja entrever en lo que calificó como el “expediente Pretelt”, asegurando que se presentaron varias irregularidades por aprte del representante investigador.
“El estudio de este expediente me reafirmó en la idea de que la Cámara y el Senado difícilmente pueden estar en condiciones de adelantar un juicio como Dios manda. Las desviaciones procesales y la negligencia en la formación y transcripción de cada pieza que integra el expediente son la constante”, precisa uno de los apartes de la carta que será puesta en conocimiento en las próximas horas a los miembros de la Comisión de Instrucción quienes deberán definir si aceptan o no estos planteamientos.
Agregó que en el presente caso se ha presentado una presión mediática por investigar, juzgar y hasta condenar al magistrado Pretelt, pero lo cierto es que en el trámite del caso en la Comisión de Acusación de la Cámara se pasaron por encima las más elementales bases a la hora de adelantar una investigación seria y responsable por los hechos denunciados el entonces magistrado Mauricio González Cuervo en marzo de 2015.
“A quienes exigen al senado que proceda a condenar al magistrado Pretelt porque tienen la convicción íntima de que delinquió, ha de respondérseles que el Representante Instructor vulneró el principio de legalidad, lo cual constituye una violación flagrante del derecho fundamental al debido proceso. Y que si el senado no declarara la nulidad, por la vía de una acción de tutela terminaría reconociéndosele al magistrado su derecho al debido proceso por parte de un juez constitucional”, precisó el senador del Centro Democrático, que asegura que su posición será motivo de polémica y discusión.
Las fallas en la investigación
Para el senador José Obdulio Gaviria llama la atención que en el expediente materia de estudio el representante Bedoya asegurara que el magistrado Pretelt fue investigado por el delito de cohecho, haciendo en repetidas oportunidades referencia al hecho que se tenían las pruebas suficientes sobre la comisión de esta falta, sin embargo fue acusado formalmente ante el Senado por el delito de concusión.
Reseña que existe una gran diferencia entre los dos cargos, advirtiendo de esta manera que la falta de preparación del representante investigador y la no consulta a expertos en la materia sobre el tema lo llevaron a cometer este elemental error. Agrega que pese a hacer mención a las declaraciones del abogado Víctor Pacheco (condenado por este escándalo tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía) no se hizo mención a las reuniones que sostuvo con otros magistrados de la Corte Constitucional para el caso en mención.
Gaviria lamentó el hecho que se tumbara el Tribunal de Aforados establecido en la reforma al equilibrio de poderes puesto que el mismo daba las bases para adelantar las respectivas investigaciones y procesos en contra de aquellos a los que la Constitución Política les dio un trato preferencial. “La naturaleza política de las investigaciones, acusaciones y juicios que se llevan a cabo en el Congreso de la República, tienen una impronta judicial insoslayable”.
“La opinión de algunos es que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Comisión de Instrucción del Senado, debieran actuar como un organismo político y no judicial. Yerran quienes piensan que no tenemos porqué respetar los rituales judiciales, pues de lo que se trata es de dirimir una controversia política señalando la indignidad o no del funcionario”. señala uno de los puntos del documento que será debatido en la sesión de este miércoles.
El senador instructor no solamente cuestiona el fondo de la acusación sino también la forma del mismo, presentado advertencias las fallas ortográficas, las falencias en la transcripción de los testimonios recolectados y las citas hechas. “La incoherencia conceptual, las transcripciones enrevesadas y las sistemáticas fallas ortográficas, hacen que la primera lectura se parezca más bien a la resolución de un complejo jeroglífico”.
En el mismo califica el expediente como “una bofetada a la ortografía” y un “monumento a la incoherencia conceptual, a la impericia, a la falta de pertinencia en las preguntas, a la inconducencia de las apreciaciones y a la relevancia de las indagaciones”. Señala que la actuación del representante investigador no estuvo a la altura del debate, más si se tiene en cuenta que es la primera vez que se toma una decisión de fondo contra un aforado.
“El expediente parece redactado en una lengua distinta al castellano. El uso de la tilde, por ejemplo, es totalmente caprichoso y a voluntad del transcriptor, lo que hace que el sentido de las frases sea incomprensible o enrevesado”, Debido a esto considera que se cometieron errores de redacción que hacen confuso entender el motivo de la investigación y las causas de la acusación en contra de Pretelt Chaljub, indicando que se hicieron acusaciones de tipo personas sin ningún tipo de soporte.
Frente a la actitud de Bedoya se considera que en ningún momento consultó libros sobre procedimiento penal, no le preguntó a expertos en la materia. Por esto pide que se anule todo lo actuado hasta el momento.
Con información de El Espéctador
