Esta semana fue arrestado en Florida, Estados Unidos, el venezolano Jorge Nóbrega, gracias a una delación, a quien se le acusa, entre otros delitos, de corrupción irradiados desde Venezuela.
El Político
El sitio informativo digital venezolano El Correo del Caroní reproduce una crónica del periodista también venezolano Omar Estacio, presidente emérito de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, bajo el título “Delatar corruptos puede ser muy lucrativo”.
En su contenido comienza con señalar que denunciar en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo a quienes han saqueado Venezuela es hacer patria. Además, en algunas circunstancias, puede resultar muy lucrativo.
Estacio hace una relación de los delitos que se le atribuyen a Nóbrega. En efecto, la Corte del Distrito Sureste de Florida, consideró con lugar su prisión preventiva por conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Así como las órdenes ejecutivas de sanciones contra Venezuela. Adicionalmente se le señala el delito de conspiración, con colmada intención, para legitimar capitales. Aún más: tres violaciones consumadas, igualmente, de legitimación de capitales.
Omar Estacio Z.: Delatar corruptos, puede ser muy lucrativo https://t.co/VTafvOT2UC ^
— La Patilla (@la_patilla) August 20, 2021
Corrupción agravada por el régimen venezolano
El periodista y abogado refiere lo siguiente: “El escenario de este nuevo expolio habría sido Pdvsa, en entramado con el Ministerio de la Defensa. En el dramatis personae se repiten en los autos judiciales los nombres del ministro de la Defensa, del comandante general de la Aviación y de dos generalotes más. Autores las estocadas postreras a nuestra otrora eficiente industria de los hidrocarburos”.
Explica que las posibles condenas consisten en multas que podrían escalar hasta un máximo de US$ 33 millones y tres penas de 20 años de prisión, contra Nóbrega, por cada cargo.
Añade: “En los últimos 90 días, esa ha sido una de las cuatro aperturas de procesos sancionatorios ante las autoridades judiciales o administrativas de Estados Unidos para castigar posibles ilícitos internacionales de corrupción irradiados desde Venezuela”.
Prosigue explicando que la segunda acusación judicial, en el lapso indicado, ha sido la que incrimina al venezolano-sirio-estadounidense, Naman Wakil, por otro asunto de supuesto blanqueo de US$ 350 millones. Y que el dinero sucio provendría del sobreprecio en la adquisición de alimentos de parte del desgobierno del Nicolás Maduro. Entre sus principales involucrados figuran este último y el generalote Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación, quien en la actualidad comparte horario entre la presidencia de la corporación que depreda nuestro arco minero y como shamán que se desdobla, en Simón Bolívar, el “Negro Felipe”, “La Mula Maniá” o el mismísimo Hugo Chávez. En línea directa desde la Quinta Paila, según el carburante de la ‘kurda’ o de la ‘trona’ agarre el iluminado. El más fervoroso creyente en semejantes supercherías es, precisamente, el jefe del superchero”.
Castigos gracias a recompensas
Estacio asegura tener conocimiento de que el tercer proceso cursa ante la Corte Sur del estado de Nueva York. En este caso figura como acusado Carlos Orense Azócar “El Gordo”, capturado en un hotel en Casalvieri, Italia. Se le señala de haber dirigido las rutas de cocaína, aéreas, terrestres, marinas y hasta submarinas. Desde Venezuela con destino a Estados Unidos, con toques técnicos en República Dominicana.
Sus cómplices habrían sido “El Pollo” Carvajal, Walid Makled y Tarek El Aisami, por señalar algunos de los más renombrados. Orense, enfrenta la posibilidad de cadena perpetua si llega a concretarse su extradición y comparecencia ante la justicia de la nación norteamericana.
Cierra la lista de denunciantes Armando Arratia, presidente de Copei, Partido Popular, en Estados Unidos. Este acudió ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía a exigir sanciones contra Fernando Antonio Cruz o “Bonny Cepeda”, como se le conoce en el medio artístico. El músico podría ser declarado “extranjero indeseable” con la consiguiente revocatoria de su visa estadounidense. El hipotético quebrantamiento de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEPA) le supondría cárcel no mayor de 20 años.
La corrupción como política de Estado
El autor comenta: “Los epicentros de tales ilícitos se produjeron en Venezuela. No obstante su gravedad -gravísimos los tres primeros- las autoridades locales no han movido ni moverán, un solo músculo de sus abotargados rostros. Si tal inacción no evidencia la protección del crimen internacional organizado, como política de Estado del régimen de Maduro, que venga alguien y nos lo cuente. Menos mal que, por infracciones de semejante calado, existe en Estados Unidos la posibilidad de castigo a los culpables”.
Estacio concluye que el caso contra el comerciante Nóbrega habría sido abierto por el trámite de delaciones premiadas. Quiere decir que el informante confidencial, aludido repetidas veces en las actas judiciales, pudo actuar como detonante. El supuesto perpetrador le habría pedido prefabricar documentos con la finalidad de legitimar dinero proveniente de la corrupción. En su lugar, el candidato a cooperador lo denunció ante las autoridades. Ahora su delación podría representarle una jugosa recompensa. Tales pueden ser las modalidades de los casos segundo y tercero en el orden de la presente crónica.
Fuente: Correo del Caroní
