La organización de protección de los derechos civiles y de defensa frente al antisemitismo y la discriminación a Israel, The Lawfare Project, ha interpuesto una demanda contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau
El Político
La razón principal es que dicha organización está impugnando la unilateral suspensión, del 8 de febrero de 2023, de las relaciones con Israel y todas sus instituciones, incluido el acuerdo internacional de cooperación y amistad firmado con la ciudad de Tel Aviv.
La importancia de la acción judicial
La demanda afirma que Colau actuó más allá del ámbito de su autoridad al infringir el poder del gobierno español para conducir la política exterior y violó los procedimientos legales aplicables.
Colau justificó el boicot a Israel basándose en una supuesta "violación sistemática de los derechos humanos". Cerró su intervención ante la prensa expresando su deseo de que alcaldes de otras ciudades se sumen a su acción y repitiendo el lema de la campaña de boicot, "Barcelona dice no al apartheid".
La actual alcaldesa forma parte del partido de extrema izquierda “En Comú Podem” que, a su vez es miembro de la coalición política del mismo signo, de ámbito estatal, el partido “Podemos” (Unidas Podemos).
En la conferencia de prensa, la Sra. Colau estuvo acompañada por Alys Samson Estapé, quien anteriormente se desempeñó como coordinadora europea del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel, y el Comité Nacional Palestino de BDS (BNC).
El BDS es una entidad condenada por sus actividades, tanto en España como en Europa, Estados Unidos y la mayor parte del mundo.
A manera de conclusión
Brooke Goldstein, directora ejecutiva de The Lawfare Project, dijo que la suspensión de las relaciones con Israel "representa un uso indebido total del proceso legal para participar en una campaña intolerante y partidista, en lugar de una decisión legal en el ámbito del poder del alcalde de Barcelona”.
A su vez, el abogado español de The Lawfare Project, que lidera la acción legal, Ignacio Wenley-Palacios, manifestó que "el decreto de la alcaldesa de suspensión de relaciones con Israel no sólo afecta al buen nombre de la ciudad de Barcelona (y España); también desborda las limitadas competencias de los ayuntamientos en el ámbito de la cooperación internacional".
"Imagino que a la señora Colau le gustaría que Barcelona fuera similar a una ciudad-estado capaz de boicotear a Israel y de llevar a cabo su propia política exterior, pero por desgracia para ella y para fortuna de los barceloneses, legalmente no es así"
"Al adoptar los postulados de una campaña política partidista y discriminatoria contra Israel, la Sra. Colau incumple el deber institucional de neutralidad del alcalde, perjudica el buen nombre de la ciudad de Barcelona y perturba la política exterior de España”.
La demanda, presentada en los Juzgados de Barcelona, seguirá su curso, independientemente de la campaña electoral en curso y del resultado de las próximas elecciones locales el próximo 28 de mayo del presente año.
