Los países miembros del G20 acordaron en su cumbre anual, celebrada en la ciudad china de Hangzhou, "hacer esfuerzos para una pronta entrada en vigor e implementación" del Acuerdo de París contra el cambio climático (COP21) de noviembre pasado, anunció el presidente chino.
Stephanie Lozada Madriz /El Político
En este aspecto, China y Estados Unidos, los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero del planeta ratificaron este plan de acción, generando “buenas expectativas” en la comunidad internacional, ya que el visto bueno de ambas potencias, es “imprescindible” para que el pacto se pueda implementar.
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Estos dos países producen 40% de las emisiones de dióxido de carbono mundial por su alta industrialización. Es por esto que el anuncio de ambos países de ratificar el acuerdo no es solo un paso hacia su implementación, sino también una señal clara al resto del mundo: las principales economías mundiales están comprometidas para limitar el aumento global de temperatura a 1,5 grados centígrados, con una meta propuesta hasta 2020.
No es la primera vez que el país asiático y EEUU se han enfrentado a este tipo de debate, sólo que desde 1972 no ha habido un mutuo acuerdo para la reducción de emisiones, el compromiso de mejorar sus tecnologías y el modo de producción.
El grupo ambientalista Greenpeace de Asia, publicó un comunicado donde afirma que el anuncio conjunto envía una fuerte señal al mundo de que el acuerdo de París “que ha pasado del consenso a la acción. El compromiso adquirido aumenta las posibilidades de que el pacto pueda entrar en vigor mucho antes, pero debe ser visto solamente como un punto de partida, no el final, de la acción global contra el cambio climático”.
El foro integrado por los 20 países más ricos del mundo, que representan 85% de la economía mundial se compone de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, República de Corea, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), los cuales están de acuerdo en “implementar el plan de acción lo antes posible”.
El acuerdo de París (firmado el 22 de abril de este año, por más de 174 países) entrará en vigor 30 días después de que como mínimo 55 países que agrupen 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero lo hayan ratificado. Para esto, se estableció el lapso de un año (abril de 2017). Hasta el momento, 24 naciones han pasado el trámite (en su mayoría países del Pacífico y el Caribe), pero sus emisiones apenas superan 1% del total.
Rol de América latina
Pese a que la reunión de la G20 sólo incorporó a tres países latinoamericanos (Brasil, Argentina y México), las demás naciones se han plegado a la intención de mejorar sus sistemas productivos para bajar considerablemente los gases de efecto invernadero.
Según la Revista Scientific American, los desafíos más importantes en la región es el reconocimiento como “naciones vulnerables”, comenzar a adaptarse al calentamiento e impulsar tecnologías.
Esta última, está vinculada a la inversión y capitalización de nuevas herramientas industriales, lo cual puede significar mayores “sacrificios” presupuestarios. Es por esto que los países en vía de desarrollo han obtenido un subsidio para implementar nuevas políticas de infraestructura.
Entre las medidas "urgentes" se establece la movilización conjunta de 100 mil millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de todas las fuentes, para atender las necesidades de los países en desarrollo.
Esperan que los proyectos estén orientados a la construcción de transporte eléctrico, a las energías renovables y al planeamiento urbano sostenible. Además, un estudio realizado por Universidad Brown (Estados Unidos), apunta a que países latinoamericanos gastan entre 1% y 3% del presupuesto nacional en subsidios en el área de energías fósiles; gasto que puede ser reinvertido en energía limpia.
Sin embargo, la región suramericana ha estado dispuesta a cooperar ante la poca voluntad en las negociaciones por parte de países más industrializados que proyectan metas de largo plazo para descarbonizar, mientras los países de bajos recursos buscan financiamiento para proteger a sus comunidades de la catástrofe climática.
Un ejemplo de ello es Brasil, uno de las naciones más contaminante de la región, presentó una meta ambiciosa: restaurar 12 millones de hectáreas de bosque nativo, con el reto de definir una estrategia de financiamiento para cumplir con el compromiso de reducción de emisiones.
En el momento de la firma del acuerdo, distintos líderes reconocieron que la urgencia de la región es vencer la pobreza, pero para esto deben revisar los marcos legales, tributarios, contractuales, concesiones y otros que pueden estar limitando el desarrollo sustentable.
Sin embargo, en 2015 el jefe de la delegación de Nicaragua en la COP21, Paul Oquist, reiteró que su país exige responsabilidades históricas ante el fenómeno del cambio climático.
“Estamos exigiendo indemnizaciones de los países que han causado el fenómeno para que los otros países centroamericanos, y otros vulnerables del mundo, podamos hacerle frete al cambio climático sin poner en peligro nuestros logros de desarrollo ni limitar el potencial de desarrollo”, concluyó Oquist.
Vale destacar, que Nicaragua fue el único país de Latinoamérica que no firmó el Acuerdo de París.
Los líderes nicaragüenses generaron un impacto político dentro de su nación. Pero, las reglas del acuerdo establecen que se vincula a aquellos países que lo ratifican; es decir, se debe hacer seguimiento al número de ratificaciones que se logren en el futuro.
Un país que no ratifique, podrá estar presente en las reuniones que se realicen en el marco del Acuerdo, pero tendrá una capacidad limitada de participación en la toma de decisiones, de acuerdo con el Artículo 16, numerales 2 y 3.
Fracasos ambientales
El mundo ha empezado a considerar el cambio climático como un tema de debate desde 1972, pero está es la primera vez que se llega a un acuerdo común entre todo los países por ser vinculante. Esto quiere decir, que el texto final firmado tiene efectos jurídicos sobre los países que están comprometidos con el pacto del COP21.
Esta es una de las diferencias más marcadas del acuerdo Copenhague y por esto fue considerado un fracaso, ya que el pacto no tenía la suficiente validez que le permitiera ejecutar lo que se había acordado.
En Copenhague donde se estableció el límite de dos grados centígrados, pero ahora ese límite ha fijado muy por debajo de los dos grados centígrados.
En ese momento se estableció que la temperatura no debía aumentar por encima de los dos grados centígrados respecto a la temperatura que existía antes de la era industrial.
Por su parte, el Protocolo de Kioto no ha sido de mayor referencia ya que uno de los países más industrializados, como Estados Unidos no ratifico su aporte en este proceso. La duración del Protocolo se extiende desde 2005 (su ratificación) y 2020 (su culminación), para darle paso al nuevo acuerdo realizado en París.
Este protocolo tampoco contó con el respaldo de Rusia y Canadá.
Otro proceso fallido para la cooperación ambiental fue La Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible Rio+20, que concluyó con un documento de mínimos que no estableció nuevos mecanismos de financiación para políticas de desarrollo sostenible, ni un acuerdo para crear una agencia que sea el brazo medioambiental de la ONU.
