La continuidad del período de la AN electa en 2015 hasta que haya elecciones verdaderamente democráticas en Venezuela es una estrategia con fundamento constitucional y legal pero difícil de digerir en los campos diplomáticos, coinciden expertos juristas y políticos.
El Político
La Asamblea Nacional (AN) venezolana electa en diciembre de 2015, de mayoría opositora, aprobó a finales del año pasado la prorrogación de sus funciones a pesar de que la Constitución determina que acababan el 5 de enero de 2021.
Los diputados que certificaron la “continuidad constitucional” del Parlamento explicaron que la misma duraría “hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021; ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021”, es decir, hasta enero de 2022, reportó VOA.
Falta de elecciones
El argumento esencial es que las elecciones legislativas de diciembre de 2020, realizadas con el respaldo de los simpatizantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el concurso de una porción minoritaria de sus opositores; no pueden validarse como unas votaciones limpias, justas, ni democráticas, y que no se ha renovado la Asamblea.
Juan Guaidó, máximo representante del Parlamento desde enero de 2019 y considerado desde entonces como presidente interino del país por la “usurpación” de funciones de Nicolás Maduro; queda al mando de esa continuidad mediante una figura conocida como “comisión delegada”.
Esa tesis jurídica es el colofón de un ya complicado inventario constitucional de Venezuela en la que coexisten dentro del país y en el exilio dos presidentes; igual número de tribunales supremos de justicia, fiscales generales y cancilleres.
Convocatoria de la Asamblea Nacional
Se fundamenta en la ilegitimidad de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, en 2017, y de las consecuentes elecciones presidenciales de 2018 y, últimamente; del Parlamento -el chavismo encabezó este martes la instalación del nuevo poder legislativo, que controla con 253 de 277 diputados-.
Nelson Chitty La Roche, abogado y jefe de cátedra de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela; explicó en diciembre pasado a la Voz de América que el Parlamento votado en 2020 era un “fantasma” institucional, sin legitimidad de origen.
El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, y no la AN, renovó al poder electoral e intervino luego las directivas de tres de los cuatro partidos más importantes de la oposición de cara a ese proceso de hace un mes.
“Pervivencia” ante el mundo
Docentes de derecho constitucional de la UCV alegaron en un comunicado divulgado hace una semana que la Asamblea Nacional de 2015 es “la única institución constitucional que goza de legitimidad de origen en Venezuela”.
Explican los profesores, Chitty La Roche entre ellos, que las democracias consolidadas en el mundo advirtieron que las parlamentarias de 2020 no pueden definirse como un proceso electoral válido ni legítimo.
Organismos multilaterales, como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea; desconocieron esa votación en términos similares.
De acuerdo con los juristas, el propósito de esa elección fue “destruir el último resquicio de constitucionalidad y legitimidad democrática; refugiado en la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015”, cuya “pervivencia” justifican.
Crisis extraordinaria
Michelena acota que Venezuela atraviesa momentos políticos “extraordinarios” que se alejan de los conceptos internacionales de las últimas décadas.
“Constitucionalmente, no puede haber un vacío de poder si no se aceptan las elecciones del 6 de diciembre de 2020; La AN cesa porque no puede ir más allá, pero se requiere que se cree una continuidad administrativa y se crea la comisión delegada que va a coordinar las acciones de esta instancia”, explica.
Esa figura de la comisión delegada del Parlamento de 2015 generó ruido incluso dentro de la oposición. Acción Democrática; uno de los partidos más relevantes, salvó su voto sobre ese punto al opinar que la representación legislativa debe estar simbolizada en todo su cuerpo, es decir, en el grupo total de diputados.
La comisión que lidera Guaidó está conformada por menos del 20 por ciento del pleno de diputados y tiene sus funciones limitadas; La Constitución venezolana la menciona como un mecanismo que opera solo en los recesos del Parlamento.
