“Yo sabía que en La Guajira no me iba a salir a recibir la santa madre Laura. Pero nunca esperé encontrarme con un plan para asesinarme, y menos con otro para declararme loco. Eso significa que estoy pisando los callos que son”, asegura Jorge Enrique Vélez, designado gobernador encargado de La Guajira hace tan solo 107 días, tras la destitución de Oneida Pinto, de Cambio Radical.
En ese lapso, Vélez ha tomado varias decisiones claves: frenó contratos que superan los 44.000 millones de pesos, ordenó congelar un fondo mixto que se había convertido en una especie de ‘caja menor’ de sus antecesores y se está negando a girarle a la Universidad de La Guajira 30.000 millones de pesos.
Este último pago corresponde a intereses de una vieja deuda que se encuentra en pleito ante la justicia. Sin embargo, para que Vélez los desembolse, intentaron desde bloquear la pista de aterrizaje del aeropuerto de Maicao, para que su avión no aterrizara, hasta enviar a hombres encapuchados para que protagonizaran disturbios en la catedral de la ciudad. Además, le han interpuesto mil tutelas.
Ese tipo de decisiones, a 21 días de las elecciones atípicas de gobernador, lo tienen distanciado incluso de la Asamblea, que le ha bloqueado iniciativas y este martes pidió que un juez evaluara si Vélez es declarado interdicto. Pero también lo tienen en la mira de sicarios, presuntamente ligados a la destituida gobernadora, que iban a atentar contra él.
Vélez tiene prohibido hablar del tema, pero EL TIEMPO tuvo acceso a las investigaciones de la Fiscalía y la Dijín que tienen incómodos a varios sectores.
La ‘caja menor’
Por ejemplo, se rastrea el destino de 24.908 millones de pesos que la Gobernación les giró, mediante convenios interadministrativos, a 10 de sus 15 municipios: Manaure, Urumita, La Jagua del Pilar, Distracción, Fonseca, El Molino, Barrancas, Hatonuevo, Uribia y Albania.
Todos fueron firmados por la administración de Pinto y se comieron buena del presupuesto de La Guajira, que asciende a 488.000 millones de pesos. Según papeles, la plata financiará infraestructura educativa, redes eléctricas, transporte, alcantarillado y alimentación escolar, uno de los focos de corrupción en ese departamento. Pero aún nadie los ha justificado.
También se investiga al Fondo Mixto de la Cultura, concebido para apoyar a jóvenes artistas pero que, en criterio de Vélez, se convirtió en la ‘caja menor’ de los gobernadores de turno.
De allí sale dinero para viajes, pago de fiestas, servicios turísticos y hasta reinados. Entre el 2013 y lo corrido del 2016 se han girado 13.000 millones de pesos, y Vélez congeló 1.700 millones más.
Las cifras resultan al menos extravagantes para una región en la que los niños mueren de hambre.
Otro filón de la investigación es el uso de dineros del erario y de regalías para proyectos que no le corresponden a la Gobernación, ya han sido hechos o son gratuitos.
Ese es el caso de ‘Primero mi nombre’, una campaña en la cual se comprometieron 4.000 millones de pesos para que la Fundación Guajira Humana buscara a niños y adultos de la etnia wayú con nombres extraños u ofensivos para registrarlos de nuevo. Vélez congeló los pagos porque ese proyecto lo adelantan de manera gratuita la Registraduría y la Superintendencia de Notariado, de la que él es titular.
El plan para asesinarlo
Un equipo combinado de Fiscalía y Policía estableció que las llamadas amenazantes recibidas por Jorge Enrique Vélez, a mediados de agosto, salieron de un celular localizado en la cárcel La Ternera, de Cartagena. Hasta allí llegó la Fiscalía y encontró que la persona que usaba el aparato fue asesinada con arma blanca. Pero lograron llegar a su cómplice, quien colabora con la justicia. Su testimonio, correos y seguimientos electrónicos han llevado hasta el entorno de Oneida Pinto, quien niega cualquier nexo con el hecho.
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