Uno de los principales problemas que enfrenta Colombia en su retorno a la paz es la reincidencia guerrillera. No estamos hablando de los efectivos del ELN, grupo de alzados en armas que nunca formó parte de los acuerdos de paz de La Habana.
Beatriz de Majo/El Político
Hablamos del hecho de que el compromiso asumido por las FARC, y rubricado en las negociaciones entre el gobierno y la organización guerrillera en La Habana, estipulaba el total abandono de las armas de los ex combatientes y su reinserción en la vida civil del país.
Pues bien, un contingente importante de estos antisociales o bien no se acogió a los acuerdos o bien retomó las armas con fuerza para constituirse hoy en un numeroso colectivo de disidentes que está regado por el país y que se maneja por la libre pero que intenta, con ayudas transfronterizas venezolanas y con cabecillas colombianos, organizarse de manera estructurada
Ello lo que significa es que habrían para esta fecha, a 3 años del Acuerdo de La Habana, al menos 3.000 guerrilleros activos, de acuerdo con las cifras de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que atienden a sus propias autoridades y se han estado organizando dentro del país colombiano para volver a las andadas.
El conteo de esta amenaza es uno de los principales dolores de cabeza del gobierno y del estamento militar, porque la primera tarea es evitar que el número de efectivos disidentes crezca hasta ser una fuerza incontrolable. La realidad es que si a un año de la firma de su desactivación eran menos de 1.000, la cifra para este momento se ha triplicado, pero sus dirigentes aspiran a llevarlas al doble de lo que son hoy en número.
Parte de este crecimiento deriva de algunos incumplimientos del gobierno con los ex guerrilleros, pues el proceso pacificador establecía compromisos de lado y lado en el terreno de lo social, lo económico, lo jurídico y lo político. No todo ha funcionado bien ni a tiempo para que los gobiernos de Santos y de Duque honren cabalmente sus obligaciones.
Pero lo cierto es que este número creciente de combatientes dedicados a tareas ilícitas y delincuenciales lo hacen por estar consustanciados con el género de actividad al margen de la ley que habían venido desarrollando por medio siglo. Lo que sí desapareció fue la motivación ideológica.
El único incentivo de esta “disidencia” son los proventos económicos cuantiosos que extraen de dedicarse al procesamiento y comercio de drogas, la minería ilegal, el simple crimen organizado o “bandolerización”, como bien los llaman del otro lado de la frontera.
Algunos jerarcas disidentes se refugiaron en Venezuela, donde no solo no son perseguidos sino que son protegidos tanto por el gobierno de Nicolás Maduro como por parte de quienes son sus cómplices en los sucios negocios de la comercialización de coca, y dentro de los cuales cuentan con militares venezolanos a granel.
En Venezuela país, el ELN también les ha dado una mano a los disidentes: comparten un confite en aquello sumar niños por la fuerza a su causa.
Total que la velocidad que el gobierno colombiano puede imprimirle a la causa de la desactivación de las disidencias es baja. Una razón es la falta de recursos. La otra es por verse obligado a prestar atención inmediata al drama humano de las migraciones venezolanas.
Por ello, el gobierno está en mora con el proceso de paz en aquello de adecuar su geografía, sus instituciones y el ambiente social a la reinserción de los ex combatientes. Apenas el jueves Iván Duque anunció el Plan Zonas Futuro, gracias al cual piensa intervenir 32% de las hectáreas de coca del país, para afectar 41% de la producción de la base de coca.
¡Bravo! Pero este gigantesco esfuerzo apenas surtirá un efecto sobre 2,4% del territorio nacional. Hay que ir bastante más lejos que ello para diseñar primero e instrumentar después condiciones de vida que sean incentivos y no disuasivos de la reincidencia guerrillera.
Más aún cuando las puertas están abiertas en Venezuela para la migración masiva de los viejos combatientes de las FARC, convertidos hoy en voluntarios delincuentes fuertemente armados.
