El fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott, y los partidos de la oposición lamentaron el "carpetazo" del Servicio de Impuestos Internos (SII) al cerrar sin querellas la investigación por cohecho y fraude tributario de empresas que financiaron ilegalmente campañas electorales.
Redacción El Político
La decisión del SII "pone una barrera legalmente infranqueable" para el Ministerio Público, dijo Abbott, en referencia al hecho de que si el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda no interpone una querella, la Fiscalía no puede investigar "motu proprio", reseña EFE.
"Es importante aclarar que (sólo) las investigaciones con respecto a la financiación de la política sobre aquellos hechos respecto a los cuales el Servicio de Impuestos Internos ha presentado con anterioridad una denuncia o una querella siguen adelante", añadió el fiscal.
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No obstante, Abbott aseguró que sí siguen adelante las investigaciones de la Fiscalía relacionadas con los casos Penta y Soquimich, donde sí que existen querellas por parte del SII.
Abbott añadió que la Fiscalía Nacional está de acuerdo con que "otros órganos del Estado", como el SII, tengan la facultad de presentar querellas.
"Pero hemos manifestado siempre nuestro desacuerdo con que esta facultad no esté radicada en el Ministerio Público, porque (entonces) se produce una cierta desigualdad de las personas ante la ley".
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El SII optó por sancionar con multa a las empresas involucradas en los casos Penta y Soquimich, las cuales pueden aceptar la sanción o bien recurrir a los tribunales tributarios.
Pero en todo caso, no habrá sanción penal, como pedía la Fiscalía. De hecho, la última querella del Servicio de Impuestos Internos por estos casos es de hace casi un año.
Entre las empresas que han recibido los avisos de multa figuran, entre otras, BCI, Eccsa (Ripley), Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible, Watt’s, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Corpbanca e Inversiones Caburga.
En toda esta operación, según fuentes del SII, el fisco lograría recaudar más de 1.000 millones de pesos (1,5 millones de dólares, aproximadamente) con multas que van del 50 % al 300 % del perjuicio ocasionado.
