El Gobierno de Estados Unidos advirtió que restan horas para que venza el plazo dentro del cual el régimen de Nicolás Maduro debería cumplir sus compromisos.
El Político
El pasado 17 de octubre, la dictadura venezolana firmó un acuerdo parcial con su contraparte, la oposición representada por la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela.
El trato, alcanzado en Barbados, gracias a la intermediación de Estados Unidos, México y el Reino de Noruega, le abrió la puerta a una ruta electoral.
En tal sentido, el pacto consagró condiciones para la realización de la primaria opositora del domingo, 22 de octubre.
En el acuerdo también se establecieron garantías que han de conducir a la habilitación de líderes de oposición, cuyos derechos políticos se encuentran cercenados.
Desde el Departamento de Tesoro se emitieron licencias generales, que permitieron a empresas foráneas trabajar con estatales como Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Los permisos, con los que se ha beneficiado una docena de firmas extranjeras, podrían, sin embargo, ser revocados. La medida podría tomarse, incluso, este 30 de noviembre.
Este jueves – y desde la Casa Blanca – el vocero John Kirby alertó que la administración de Nicolás Maduro no ha dado pasos hacia la habilitación de la dirigencia que le adversa.
“No hemos visto avances”, expresó Kirby, quien recordó que el plazo para cumplir con los compromisos adquiridos en Barbados finalizará luego de culminada de la presente jornada.
Liberación de rehenes y presos políticos
Otra de las exigencias que formulan desde Washington se relaciona con los nacionales estadounidenses que permanecen secuestrados en Venezuela.
Para Estados Unidos, sus ciudadanos se encuentran “injustamente detenidos” en distintos reclusorios que están administrados por la dictadura “madurista”.
El Ejecutivo del presidente Joe Biden también demanda la excarcelación de los prisioneros que han sido recluidos por oponerse al régimen que detenta el poder.
Según el Foro Penal Venezolano, una ONG que aporta cifras “off the record” ante la ausencia de números oficiales, la dictadura retiene a 270 individuos, que han sido detenidos por disentir.