Comunidades campesinas de Petén acusaron este martes al Estado de Guatemala de haber perpetrado durante años cercos militares, desalojos y detenciones ilegales en una "estrategia maligna" que constituye "delitos de lesa humanidad".
La "represión", explicó a periodistas un representante de los pobladores, Víctor López, se inició en 1989 tras la aprobación de la ley de áreas protegidas que incluían a las zonas de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón, en los bosques de Petén, a donde se habían mudado los campesinos huyendo de la guerra y la pobreza.
Desde entonces, los 60.000 habitantes de la región han sufrido "graves violaciones a nuestros derechos humanos", entre las cuales se incluyen cercos militares que impiden el acceso de alimentos y cultivos, criminalización al acusarlos de "narcoganaderos" o desatención institucional.
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La zona sufre un "total abandono" por parte del Estado, apuntó López, quien denunció la falta de proyectos educativos y sanitarios en la zona.
Asimismo, al menos cuatro comunidades han sido desalojadas forzadamente de sus viviendas, con un total de 47 familias afectadas, y varios activistas sufren detenciones ilegales.
Pese a estos abusos, remarcó López, las comunidades apuestan por el "diálogo" para resolver al conflicto y mañana miércoles presentarán una propuesta al Estado para el "desarrollo integral" de la zona.
En esta pedirán al Ejecutivo que impulse proyectos para el crecimiento de la región, garantice el acceso a los recursos naturales y otorgue, a través de un título de propiedad colectiva, la titularidad de la tierra a los campesinos.
Con información de EFE