La gestión de la información proporcionada tras el asesinato de un exguerrillero de las FARC, las críticas por una directriz, ya retirada, que volvió a alentar el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales y los señalamientos por un conflicto de intereses. Frente a estas acusaciones el Congreso de Colombia cerró filas este lunes con el ministro de Defensa, Guillermo Botero. El debate de la moción de censura presentada por fuerzas de la oposición fue interpretado por la mayoría de la Cámara de Representantes como una discusión sobre la legitimidad del trabajo de las Fuerzas Armadas.
Las formaciones que apoyan al Gobierno de Iván Duque no estuvieron dispuestas a permitir ese cuestionamiento, que en realidad era una fiscalización de carácter político. Aunque la votación fue aplazada al jueves, el titular de la cartera, la más delicada de un país que acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, recibió el respaldo explícito del Centro Democrático, Cambio Radical y conservadores, además de los liberales y el Partido de la U.
Lo había dejado claro Juanita Goebertus, de la Alianza Verde. "Este no es un debate en contra de la Fuerza Pública. Este es un debate en defensa de la legitimidad y de la seguridad jurídica de los miembros de nuestra Fuerza Pública", afirmó la representante en su exposición de motivos. Detrás de sus objeciones, la aplicación de una política de evaluación de resultados, que fue adoptada a principios de año por la cúpula militar y que en el pasado, sobre todo en la pasada década, estuvo asociada a graves violaciones de los derechos humanos. Se refería al llamado escándalo de falsos positivos, el homicidio de civiles presentados después como guerrilleros de las FARC caídos en combate.
A esa sombra se sumaron las dudas sobre las declaraciones posteriores a la muerte de Dimar Torres, excombatiente desmovilizado y, según la investigación, asesinado por un cabo del Ejército a finales de abril cerca de la frontera con Venezuela. Botero calificó inicialmente de "refriega" ese episodio, aunque después cambió de versión. Goebertus y los demás portavoces de la oposición le acusaron de mentir. Este aseguró que la información que tenía "ha venido cambiando con el tiempo”.
Además, defendió su política al frente de las Fuerzas Armadas a pesar del documento que instaba a mejorar los resultados y que fue destapado hace semanas por The New York Times. "El Ejército es el más alto, puro y noble servicio nacional", dijo. Y rechazó que su condición de socio mayoritario de una empresa de seguridad, como denunció la revista Semana, suponga un impedimento. "La compañía comencé el 7 de agosto [cuando asumió el cargo] prácticamente a liquidarla", mantuvo. "Hoy en día no le queda sino un cliente. Llamarme a mí corrupto por eso, como dicen coloquialmente, clama al cielo", continuó.
En el debate, que duró alrededor de siete horas, intervinieron también varios senadores. Entre ellos, el expresidente Álvaro Uribe. Lo hizo para defender su política de seguridad democrática. Durante sus dos mandatos, entre 2002 y 2010, según la Fiscalía, se registró la inmensa mayoría de los casos de falsos positivos. "Nuestra política, desde el principio, privilegió las desmovilizaciones", recalcó; sin embargo, el hoy senador, que alabó el trabajo de la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en su etapa como ministra de Defensa de su primer Gobierno.
A falta de votación, el cierre de filas con Botero se produjo cuatro días después de que el Senado avalara el ascenso del comandante en jefe del Ejército, Nicacio Martínez Espinel. Este mismo lunes, el presidente Duque aseguró en Noticias Caracol que desconocía la polémica directriz que motivó en parte la moción de censura. “Yo no conocía esa directriz", afirmó. "Pero además viendo después la directriz y viendo además la decisión que se tomó de retirarla para que no se prestara a ese tipo de interpretaciones hoy puedo decir con total claridad, aquí ya hemos pasado por dos cúpulas, es que aquí estuvo primero el general Alberto Mejía como comandante de las Fuerzas Militares […] Pregúntele al general Mejía si en algún momento hubo una orden mía para que en este país tuviéramos incentivos que generaran daños al honor de las Fuerzas Militares”. Agregó que tanto con sus antecesores como con el actual jefe de la fuerza terrestre, la prioridad consiste en "avanzar hacia la mayor desmovilización individual de esos grupos armados".
Fuente: El País
