La Cámara de Diputados de Brasil ha creado una comisión especial para discutir leyes más restrictivas contra el aborto después de que la máxima corte del país, en un fallo dictado anoche, abriera una brecha que puede legalizar la interrupción del embarazo en sus tres primeros meses.
Esta madrugada, pocas horas después de conocerse la decisión del Supremo Tribunal Federal, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, anunció la creación de una comisión legislativa para intentar revertir el fallo judicial.
El anuncio fue hecho después de que varios diputados, principalmente los vinculados a la Iglesia Católica y a los grupos evangélicos, se pronunciaran en el plenario contra la decisión de la máxima corte.
"El Supremo rasgó la Constitución y asumió sin consultarle a nadie una tarea que es de los congresistas, la de legislar. El objetivo de la comisión creada es concretamente revertir esa decisión absurda de la Corte", afirmó el diputado Diego García, representante del Partido Humanista Socialista (PHS) y que fue ponente del nuevo Estatuto de la Familia.
García aseguró que al menos 300 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados se oponen abiertamente a la legalización del aborto, por lo que tienen los votos suficientes para sepultar la decisión judicial.
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El Supremo Tribunal Federal prácticamente despenalizó el aborto en Brasil cuando la interrupción se produce en los tres primeros meses del embarazo al pronunciarse sobre una denuncia puntual pero que puede sentar un precedente judicial.
Los miembros de una de las salas de la Corte apoyaron el voto del magistrado Luis Roberto Barroso, que considera inconstitucionales los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto en los tres primeros meses del embarazo.
La decisión favoreció a cinco personas, entre las cuales algunos médicos, que fueron arrestados en una operación policial en Río de Janeiro por operar una clínica clandestina para abortos.
Pese a que el fallo se refiere a los médicos que presentaron esta demanda inicial, la decisión sienta un precedente y puede ser extendida a todos los demás casos si el Supremo acepta pronunciarse ante una nueva demanda en ese sentido.
Para los miembros de la Corte, la penalización del aborto en los tres primeros meses de gestación viola los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, el derecho a la autonomía de tomar sus decisiones y el derecho a su integridad física y psíquica.
"La interrupción voluntaria de la gestación no puede ser criminalizada, por lo menos durante los tres primeros meses de embarazo. Durante este período aún no fue formada la parte del cerebro que permite al feto desarrollar sentimientos y racionalidad", alegó Barroso.
La legislación brasileña contempla el aborto legal en los casos de violación, cuando la madre corre riesgo de vida y cuando se comprueba la anencefalia (formación de fetos sin cerebro).
Pese a las numerosos proyectos de ley para legalizar el aborto que han sido presentados por diferentes partidos, incluso el Partido de los Trabajadores (PT) cuando estaba en el poder, los legisladores vinculados a grupos religiosos han impedido cualquier tipo de flexibilización.
Con información de EFE