Un análisis inicial de 114.526 personas que han hecho donaciones para financiar las campañas de candidatos a las elecciones municipales de octubre próximo en Brasil permitió identificar desde muertos hasta beneficiarios de los programas que distribuyen subsidios a los más pobres.
Cerca del 34 % de los donadores analizados en la primera fiscalización presenta indicios de irregularidades, según un informe divulgado hoy por el Tribunal Superior Electoral (TSE), la máxima autoridad electoral, y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), entidad encargada de examinar las cuentas públicas.
De los 114.526 donadores analizados, 38.985 presentan irregularidades, según el Tribunal de Cuentas de la Unión, que también identificó 1.426 gastos de candidatos sospechosos de entre los 60.900 recibos revisados.
Además de 35 donadores de los que consta que murieron, los fiscales identificaron miles cuya renta no justifica la donación que hicieron y otros que reciben subsidios como ayuda por no contar con la renta mínima que satisface sus necesidades básicas.
Los 1.426 recibos bajo sospecha fueron emitidos por empresas que no tienen empleados, que no están inscritas ante el Fisco, que no tienen licencia o que no tienen capacidad operacional para prestar el servicio por el que recibieron.
Las elecciones municipales del 2 de octubre próximo, en la que 493.700 candidatos disputarán la alcaldía y los escaños en los concejos de los 5.568 municipios del país, serán las primeras en que regirá la nueva legislación electoral que prohíbe a los candidatos recibir donaciones de empresas.
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Ante la posibilidad de que algunas empresas utilicen falsas identidades de personas para hacer sus donaciones, el tribunal electoral pidió ayuda al TCU para investigar la situación de cada uno de los donadores y para presentar informes sobre las irregularidades detectadas a cada semana.
El presidente del Tribunal Superior Electoral, Gilmar Mendes, afirmó que, en caso de que se compruebe que recibieron donaciones de personas muertas o de electores sin condiciones económicas para financiar campañas, el respectivo candidato será inhabilitado.
La actual legislación permite que un elector done a una campaña hasta el 10 % de la renta que recibió el año anterior.
"Las donaciones de empresas están prohibidas y las personas que las hagan tienen que demostrar que tienen capacidad financiera. Por eso tiene que haber algún error cuando una persona que recibe asistencia social hace donación por un valor superior a su renta. Revisaremos todo", aseguró Mendes.
"Vamos a investigar eso con mucho rigor. En el pasado había muertos que votaban y ahora tenemos muertos que donan", agregó.
El análisis de los donantes y de los gastos hechos tiene como origen las cuentas prestadas por cada candidato a las autoridades electorales.
Ello gracias a que la nueva legislación electoral también obliga a cada candidato a presentar cuentas cada 72 horas de los recursos que recibe y de los gastos que hace. La ley revocada tan solo obligaba a los candidatos a presentar cuentas dos veces durante la campaña y una tras las elecciones.
"Detectamos indicios claros de varias irregularidades. Del total de donaciones, un 34 % presenta inconsistencias que estamos analizando, y del total de gastos, detectamos problemas en el 2 %", afirmó el presidente del TCU, Aroldo Cedraz.
Con información de EFE
