La Corte Suprema de Brasil decidió este jueves que los presos que cumplan su condena en cárceles con problemas de hacinamiento tienen derecho a recibir una indemnización por parte de la administración pública.
El fallo sienta jurisprudencia para el resto de tribunales del país con causas semejantes, que fijarán una indemnización cuyo valor variará en función de cada caso.
El máximo órgano judicial brasileño discutió el asunto a raíz de la demanda de un condenado del estado de Mato Grosso do Sul, en la región centro-oeste, que cumplió su sentencia en una celda con capacidad para 12 personas pero en la que había decenas de reos.
Con una condena de 20 años por robo seguido de muerte, el demandante pasó ocho años preso y pidió en la Justicia una indemnización de un salario mínimo (unos 288 dólares) por cada mes que permaneció en el penal en condiciones degradantes.
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No obstante, el Supremo fijó el pago de una multa para el Gobierno regional de 2.000 reales (unos 645 dólares), aunque todos los magistrados que participaron en el juicio reconocieron que el estado debe compensar eventuales sufrimientos infligidos en sus reclusos ya que es el responsable de la integridad de los mismos.
"En este caso, el interno no tenía espacio para dormir al recostar su cabeza en la taza del baño. Ese comportamiento por parte del Estado es despreciable e inaceptable", manifestó el decano del Tribunal Supremo de Brasil, Celso de Mello, citado por el portal G1.
Durante el juicio hubo divergencias sobre la forma de indemnización ya que tres de los magistrados propusieron reducir el tiempo de la pena, mientras que los otros siete optaron por la compensación económica.
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El hacinamiento y las pésimas condiciones de los presidios es uno de los mayores problemas del sistema carcelario brasileño, que alberga a unos 622.000 reos, 67,3 % por encima de su capacidad.
En las primeras semanas del año el país sudamericano vivió uno de los episodios más negros de su historia carcelaria con sangrientas revueltas en diferentes cárceles de los estados de Amazonas, Roraima y Río Grande do Norte, las cuales dejaron un balance final de más de 130 presos muertos.
Las reyertas evidenciaron la falta de seguridad en las unidades penales y el gran poder que tienen en su interior las facciones criminales, que fueron las que protagonizaron en la mayoría de los casos las matanzas ocurridas.
Con información de EFE
