Luego de una reunión en el despacho del secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, avanzó ayer varios casilleros el proyecto oficial para limitar el ingreso al país y expulsar a condenados por delitos graves en otros países. Su presentación podría darse "hacia el fin de semana", afirmaron ayer dos funcionarios del Poder Ejecutivo que participaron del análisis de la propuesta.
Los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad) y Germán Garavano (Justicia), representantes de la Cancillería y el director nacional de Migraciones, Horacio García, se reunieron al mediodía de ayer en el despacho de Clusellas para darle los toques finales al decreto, que fija en dos meses el plazo para expulsar del país a aquellos extranjeros que hubieran cometido delitos graves que superen los tres años de pena efectiva a cumplir.
La semana pasada, el presidente Macri advirtió que en la actualidad hay casos en que el trámite se extiende por más de ocho años. "El proyecto estará listo en los próximos días, muy probablemente hacia el fin de semana", reiteraron fuentes oficiales.
Según el borrador del proyecto, es causal de expulsión del país "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad". Se incluyen a los condenados por "delitos por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas". En caso de ser expulsado, el acusado de delitos graves tendrá tres días para su descargo.
Piden investigar a Fernández por sospechoso audio con exjefe de Inteligencia
El proyecto establece, además, una clara diferenciación entre la residencia precaria (por un plazo de 90 días renovables) y la ciudadanía. Migraciones podrá dar por terminada esa residencia temporaria transitoria "cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento".
En el oficialismo piensan en muchos inmigrantes que entraron como turistas al país y luego solicitaron -y obtuvieron- la ciudadanía sin tener la residencia legal, un vacío legal que el decreto intenta corregir.
El endurecimiento de las medidas contra los extranjeros que delinquen dentro y fuera del país se apoya en cifras: según datos oficiales, el 21% de la población carcelaria total del país se compone de nacidos en otras latitudes. "No salimos a perseguir a nadie, otorgamos 220.000 residencias en 2016, más que en 2010 y 2014. Pero la verdad, no hay controles serios y así no se puede seguir", se atajó un funcionario que trabajó en la redacción del proyecto.
Otra medida que está en estudio es un sistema de "detección" de condenados por delitos graves que quieran llegar a la Argentina por vía aérea. En el Gobierno esperan replicar el acuerdo que ya existe con países como Estados Unidos, "que nos avisa media hora antes de que salga el avión si alguien condenado por delitos sexuales o narcotráfico quiere entrar a nuestro país".
"Queremos defender a los argentinos, no de los inmigrantes, sino de los delincuentes", afirmó a LA NACION la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de la impulsoras del proyecto surgido en Migraciones, en el que medio gobierno está involucrado por orden del Presidente.
