Los desencuentros entre el poder judicial y el ejecutivo continúan en Argentina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández desacató un fallo de la Corte Suprema, en el que se le ordena restablecer los fondos a la ciudad de Buenos Aires. Cuya gestión está en manos de la oposición.
El Político
Pero mandatario sureño tuvo buen cuidado en su respuesta de este lunes al Poder Judicial y anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible el “cumplimiento” de la orden judicial.
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Pero al mismo tiempo que busca vías para evitar o retardar la decisión de la Corte.
Fernández confirmó que seguirá adelante con la batalla judicial que anunció la semana pasada: en las próximas horas presentará un recurso “in extremis” contra la decisión judicial y recusará a los magistrados del máximo tribunal.
Según el Gobierno, esto es un día antes del vencimiento de los plazos para darle su respuesta oficial al fallo de la Corte.
Lo que dice Fernández
Fernández hizo un repaso desde el momento en que se conoció el fallo hasta este lunes y pese a que ratificó su postura contra la medida, notificó que pretende cumplir con la Capital. Dijo que instruyó a la Jefatura de Gabinete para que reasigne recursos de bonos TX31 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del gobierno de la ciudad de Buenos Aires
“Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, dijo Fernández sobre la medida cautelar que se conoció antes del fin de semana de Navidad..
Lo que dice la oposición argentina
La oposición acusa al presidente Alberto Fernández de "sedición" y "traición a la patria", luego de que el mandatario se negara acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina
La líder de Propuesta Republicana (PRO), la principal facción opositora, Patricia Bullrich anunció la presentación de una denuncia.
Según la demanda la actuación del Estado Nacional es una trasgresión a la Constitución Nacional, en lo atinente a la autonomía de la Ciudad, el carácter bilateral de las transferencias de competencias y recursos y sobre la garantía federal sobre competencias naturales de la Ciudad Autónoma.
"Las personas denunciadas incurrieron en una usurpación de funciones que implica un grave atentado contra el orden democrático, lo que, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, implica la nulidad de sus actos", remarca la denuncia.
"Esos actos deben ser sancionados con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos, su imposibilidad de acceder a los beneficios del indulto o la conmutación de pena y la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguirlos", concluye el documento.
El mandatario argentino ya había sido denunciado por la exdiputada y líder de la Coalición Cívica -otra facción de la oposición-, Elisa Carrió, junto a legisladores de su bloque. Lo acusan de los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público
En contexto: la estrategia de Fernández
El Presidente insistió en que la Corte perjudicó con su fallo a todas las provincias. Destacó que las políticas públicas del Poder Ejecutivo se aplican en todo el territorio nacional y consideró que al afectarse los recursos de la Nación “se verá obviamente resentida” la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas, que serán “perjudicadas” por el fallo.
“El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte actuando como instancia única sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”, sostuvo primero el Presidente.
De todos modos, consiente de los riesgos de un incumplimiento, presentó su jugada. “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.
Lo que sigue
Este lunes Bullrich, quien también se posiciona como posible candidata presidencial para 2023, presentó la denuncia ante la Justicia argentina demandando al jefe de Estado. En el documento se incluye a otros 18 gobernadores provinciales del país que apoyaron la decisión de Fernández.
Además, la denuncia se extiende a funcionarios del gabinete de Fernández, como el ministro de Interior, Eduardo De Pedro; el de Economía, Sergio Massa; y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
Fuente: Agencia
