“Las autoridades venezolanas han ampliado su arsenal de tácticas represivas poniendo en marcha una despiadada campaña de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de disidencia”, indica.
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En “Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela”, la organización revela cómo en los últimos meses fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el gobierno de Nicolás Maduro han irrumpido violentamente en los hogares de personas, intimidándolas y disuadiéndolas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.
“En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
“Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares”, agregó.
Organizaciones locales de derechos humanos han recopilado informes de al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país de abril a julio de 2017, cuando las manifestaciones estaban en su apogeo. Más de 120 personas perdieron la vida, casi 2.000 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en ese periodo.
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De acuerdo con el informe, personal experto de Amnistía Internacional visitó y entrevistó a víctimas de allanamientos de viviendas en la capital y en tres estados venezolanos: Caracas, Miranda, Carabobo y Lara.
“Personas afectadas contaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí. Estos allanamientos suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas”, indica el trabajo de la ONG.
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