Casanello ordenó los procedimientos para fijarle valor a ocho propiedades en la Capital y dos en el GBA. Hasta ahora su riqueza es de US$ 220 millones.
Contabilizar la fortuna de Lázaro Báez es una tarea que la Justicia no logra concluir. Con la aparición de más de cien nuevas propiedades a nombre del empresario K, su hijo Martín, sus empresas y personas de su entorno, el juez Sebastián Casanello ordenó ayer diez nuevos allanamientos. Esta vez se concentraron en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Se secuestraron contratos de locación, comprobantes de servicios a nombre de Báez, su abogado Jorge Chueco y su contador Daniel Pérez Gadín, entre otra documentación.
Después de las 11 comenzaron los allanamientos ordenados desde el Juzgado Federal a cargo del juez Sebastián Casanello y al igual que en los últimos procedimientos realizados en Santa Cruz, Chubut y Chaco, se ordenó tasar los inmuebles vinculados a Báez, preso por lavado de dinero desde hace cuatro meses.
Hasta la fecha el Tribunal de Tasación de la Nación le fijó valor a 162 propiedades del empresario K distribuidas en siete localidades santacruceñas. El valor asciende a $ 1.373 millones. Aún resta tasar las más de cien nuevas propiedades encontradas -la mayoría de ellas- entre Gran Buenos Aires y Capital Federal, que reveló Clarín el domingo. Ya estiman que la fortuna del socio comercial de los Kirchner superará los US$ 220 millones.
Para llegar a un número final y conocer en detalle cuánto invirtió en su imperio inmobiliario Báez, se libraron diez órdenes de allanamientos en las que especificó que debía determinarse el valor de las propiedades y a su vez secuestrar e inventariar todo tipo de bienes suntuarios o de lujos que puedan encontrarse en el lugar. El empresario K tiene un embargo de $ 800 millones "saber cuál es su patrimonio respalda este embargo" indicaron fuentes judiciales.
Los operativos a cargo de la División de Investigaciones patrimoniales que conduce Walter Bernal y personal del Tribunal de Tasación de la Nación, se concentraron en ocho domicilios ubicados en Capital Federal que contabilizan unos 40 departamentos. El complejo más importante es el de 24 unidades funcionales sobre la calle Ugarte 3842. Figura a nombre de Austral Construcciones, empresa insignia de Báez que manejó durante el kirchnerismo $ 21.600 millones en contratos viales.
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De allí se secuestraron contratos -manejados por la inmobiliaria de Alicia Mazzini-, comprobantes de pago de expensas, documentación que respalda la titularidad del lugar. Llamó la atención en este lugar un mural del glaciar Perito Moreno, el principal atractivo de El Calafate.
Además en este lugar vivió según la documentación secuestrada, Liliana Costa abogada de la AFIP y vinculada a Báez.
Más allanamientos se realizaron en un complejo de la calle Roosevelt 1780 que cuenta con 9 departamentos, en Roosevelt 1541 con tres unidades y el edificio de Roosevelt 1815. Estas propiedades pertenecen a la constructora también. En la calle Virrey del Pino 1507 -donde también ingresaron los federales- se encontraron expensas a nombre del abogado detenido en Ezeiza, Jorge Chueco.
Se incluyeron en los operativos dos inmuebles ubicados en Vicente López sobre Avenida del Libertador y otro sobre calle Rosales al 2600. Las propiedades en las que se focalizó la Justicia están vinculadas a Báez, a su hijo Martín, al Grupo Austral y también a Chueco, al contador Daniel Pérez Gadín (detenido en Ezeiza) y a su hijo Sebastián procesado por el video de la financiera "La Rosadita".
A la fecha, tal como reveló Clarín, las propiedades del empresario K no se circunscriben a Santa Cruz, sino que adquirió en otras en nueve provincias: Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut, Chaco, Salta, Tierra del Fuego.
La Justicia no descarta que surjan más propiedades relacionadas con Báez, y la principal sospecha es que parte del dinero de la obra pública se haya volcado en la compra de inmuebles y que "dinero ilícito se haya usado para esto", indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Con información de El Clarín
