“No tengo la varita mágica, no se puede hacer todo en pocos meses”, dijo el presidente brasileño Michel Temer a empresarios, en medio de un vendaval de versiones de que la coalición que lo sustenta, en el ajuste neoliberal inédito de congelar por 20 años el gasto público, ya está pensando en un plan B para que el Congreso pueda elegir, en 2017, un nuevo jefe de Estado.
Temer, además de haber sido acusado de tráfico de influencias por su exministro de Cultura, Marcelo Calero, no logró atraer la confianza empresarial. La tasa de inversión del tercer trimestre fue del 16% del producto interno bruto (PIB), la menor desde 2003. “Es un gobierno que se está derritiendo”, dijo Alfonso Florence, titular del bloque de diputados del Partido de los Trabajadores (PT).
Le queda a Temer la última bala: que el Senado apruebe el 13 de diciembre la enmienda constitucional que detiene por 20 años el gasto público. El desgaste del Presidente se agranda cada día y según los medios locales se agiganta el pedido por el exministro Xico Graziano, quien pidió el regreso a la presidencia de un aliado de Temer, el expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), de 85 años y único miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña que derrotó a Lula.
Pero la idea, según Folha de Sao Paulo, no es poner a competir al veterano sociólogo aliado de Temer, sino ponerlo como candidato para que sea electo indirectamente por el Congreso cuando su mandato presidencial supere el 50%. Es decir, se acaba la mitad del mandato Rousseff-Temer para que el Congreso elija a alguien en caso de renuncia o destitución, si no hay acuerdo para que asuma el titular de diputados.
La temperatura de la clase media que se refugia en el juez del caso Petrobras, Sergio Moro, como una suerte de salvador de la patria desde su despacho en la ciudad de Curitiba, también ha subido por la falta de respuestas a la crisis. El gobierno de Temer sufrió su primer cacerolazo en los barrios ricos de las principales ciudades del país a raíz del descontento generado por las nuevas medidas anticorrupción votadas por la Cámara de Diputados y que fueron denunciadas por los fiscales de la Operación Lava Jato, que amenazaron con dejar sus cargos.
El movimiento fue convocado por Facebook por grupos que defendieron el juicio político que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, enojados por la decisión del Congreso Nacional de aprobar un paquete anticorrupción que incluye el aumento de sanciones a jueces y fiscales en caso de desvíos de sus funciones.
Esta normativa provocó la reacción de la Corte Suprema y de los fiscales de la Operación Lava Jato, que en conferencia de prensa amenazaron con renunciar en caso de que Temer no vete esta medida, también criticada por el mediático juez Sergio Moro, a cargo de la red de corrupción de Petrobras entre políticos y empresarios.
El punto de discordia fue el que incluyeron los diputados para elevar las penas por abuso de autoridad a jueces y fiscales de 6 meses a 2 años de prisión cuando revelen detalles de investigaciones sin terminar, sin sentencia y demuestren predilección político-partidaria. En ese marco, el juez Moro encabeza el movimiento que se opone al proyecto de ley.
Enfrentó acusaciones de abuso de poder contra el PT y la izquierda, además de escuchar ilegalmente a Rousseff, durante su visita al Senado, donde afirmó que “la sociedad no está pidiendo eso, sino la lucha contra los corruptos”. El juez de la corte, Gilmar Mendes, le dijo a Moro que “nadie puede cometer abusos en nombre de la ley”, preparando el terreno a la bomba que se espera en el mundo político, sobre todo en la coalición de Temer y Cardoso: la delación premiada de 78 ejecutivos de la firma Odebrecht, la constructora que sobornó a funcionarios y políticos durante décadas y que ahora pagó una propaganda en los diarios con la frase: “Perdón, Odebrecht se equivocó”.
Miles de brasileños marcharon ayer para protestar contra la corrupción política y en apoyo a los investigadores del emblemático caso Petrobras. Con epicentro en Río de Janeiro y Brasilia, los manifestantes convocados por las organizaciones que apoyaron la destitución de la presidenta izquierdista Dilma Rousseff salieron desde temprano a las calles, en un reclamo que se extendió por decenas de ciudades.
“Operación Lava Jato, defendida por el pueblo”, decía un cartel portado por un manifestante en Río de Janeiro, que resumía el reclamo central: proteger la investigación que reveló un esquema de desvíos multimillonarios de la petrolera estatal hacia la política. En Brasilia, unas 5 mil personas se reunieron frente al Congreso, según informó la Secretaría de Seguridad, y colocaron paneles flotantes con ratas dibujadas sobre las grandes piletas que anteceden a la entrada principal del edificio.
Una pancarta con la leyenda “Fuera Renan” decoraba un camión desde donde los organizadores arengaban a los manifestantes, mayormente vestidos con las camisetas amarillas de la selección de fútbol. Renan Calheiros, el poderoso presidente del Senado, fue el blanco principal de los ataques. Aliado clave de Temer y miembro de su partido, el PMDB, enfrenta una docena de investigaciones, varias de ellas ligadas a los sobornos en Petrobras.
El Senado de Brasil aprobó la semana pasada en la primera de las 2 votaciones necesarias una propuesta que restringe el gasto público durante los próximos 20 años y supone la base del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno del presidente Michel Temer. La propuesta plantea limitar el aumento del gasto público anual a la tasa de inflación del ejercicio anterior durante las próximas 2 décadas, con la posibilidad de que eso sea revisado solo una vez que hayan pasado 10 años. Las protestas obligaron al Gobierno a modificar la propuesta original para que la limitación de los gastos en salud y educación sea a partir de 2018.
Con información de El Telégrafo
