David Smolansky, una de las figuras jóvenes de la oposición en Venezuela, se convirtió en el quinto alcalde en dos semanas en ser destituido, inhabilitado o preso por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que los acusa de permitir las protestas antigubernamentales en sus municipios en los últimos cuatro meses.
La resolución de la Sala Constitucional del TSJ fue la misma que la emitida el lunes contra Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, el municipio de mayor renta per cápita del país y epicentro de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Muchacho, otro joven político, fue destituido y condenado a 15 meses de cárcel. Se desconoce su paradero. El Servicio de Inteligencia (Sebin) lo busca.
"Las próximas horas serán difíciles para mí y mis comunicaciones estarán severamente limitadas", expresó Muchacho en un comunicado desde la clandestinidad.
En la sede del Sebin está ya desde hace pocos días Alfredo Ramos, alcalde de la ciudad de Barquisimeto, en el oeste del país.
Antes también fueron condenados Carlos García, alcalde de Mérida, en el oeste de Venezuela, y Gustavo Marcano, máximo edil de Lecherías, en el este.
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Se desconoce el paradero de García. Marcano escapó a Estados Unidos, informó la agencia Reuters. En Washington se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una de las voces más críticas contra el gobierno de Venezuela.
El gobierno considera que los alcaldes que permiten protestas en las calles están violando el derecho al libre tránsito
¿De qué se los acusa?
Muchacho, Smolansky, Ramos, García y Marcano están acusados de desacato por no cumplir con las órdenes de levantar las barricadas en las calles, después de que el TSJ aceptara los recursos de amparo presentados por personas que se oponen a las protestas en sus municipios.
El gobierno, que califica de violentas la mayor parte de protestas de la oposición, ha condenado que no se respete el derecho al libre tránsito por culpa de los habituales bloqueos de calles, de los que considera responsables a los alcaldes.
El profesor de Derecho José Ignacio Hernández considera irregular que sea la Sala Constitucional del TSJ quien acuse y juzgue a los alcaldes.
La citada sala es la que considera en desacato al Parlamento, controlado por la oposición desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015 y cuyas decisiones han sido continuamente anuladas por el máximo tribunal del país.
La oposición lo considera una "persecución" contra la disidencia política en el marco del conflicto político que vive el país tras más de cuatro meses de protestas antigubernamentales que han dejado más de 120 muertos, heridos, detenidos y cuantiosos daños materiales.
Smolansky afirma que desde 2014 son ya 11 los alcaldes que han sido encarcelados, inhabilitados o destituidos.
El joven opositor incluye en su cuenta a Daniel Ceballos, uno de los más prominentes políticos presos de Venezuela, encarcelado en medio de la ola de protestas de 2014.
Y también a Antonio Ledezma, otro destacado político de oposición arrestado en 2015 acusado de participar en un complot para derrocar a Maduro.
Y la lista podría crecer. "Hay una docena de alcaldes con estos procesos en curos y su continuación dependerá de las órdenes políticas que se reciban", dijo la pasada semana Gerardo Blyde, alcalde de oposición del municipio Baruta, en Caracas.
Con información de BBC Mundo
