No es inusual, aunque sucede, los abogados que representan a la aerolínea Plus Ultra ha solicitado más tiempo para poder presentar su defensa.
Mario Beroes/El Político
La decisión está en manos del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, a cargo de la juez Esperanza Collazos. Esta declaración debió hacerse el miércoles 15 de junio.
30 minutos
La audiencia se suspende media hora antes de lo previsto, después que Collazos notifica, a las 9:30 am a la representación de la procuraduría.
Esto, a propósito del escrito que la representación legal de la aerolínea hizo llegar al juzgado.
La aerolínea, imputada como persona jurídica, por el rescate de 53 millones de euros entregados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a manera de rescate financiero.
Dicho rescate lo ordena el gobierno de Pedro Sánchez, quien consideró que la compañía aérea es una “empresa estratégica”.
La imputación de Plus Ultra se conoce a principios de este mes, por lo que se esperaba que el representante legal de la empresa acudiera en la fecha prevista.
Tal decisión incrementa las dudas y la suspicacia por la forma como fueron asignados y el destino de los 53 millones de euros concedidos por la SEPI tras la pandemia ocasionada por la Covid19.
Plus Ultra es acusada de los delitos de malversación y prevaricación tras recibir el rescate de los recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas que se hizo a través de la SEPI.
Trascendió que la suspensión de la audiencia fue por decisión de la jueza Collazos, quien ahora tendrá que hacer una exhaustiva revisión del documento que consignó la defensa de la aerolínea investigada.
De esta manera podrá determinar cuándo sería la próxima cita en la que la empresa tendrá que responder a las preguntas que haga el juzgado, la procuraduría y los representantes legales.
Los querellantes son, en este caso, VOX, el Partido Popular y el colectivo Manos Limpias.
La compañía aérea está representada legalmente por el abogado Juan Ibáñez de la Cruz, del bufete Andersen.
Tanto que explicar
Según el portal Moncloa, toda la controversia que ha surgido en torno a la aprobación de los fondos de rescate que se le dieron a Plus Ultra están relacionados con el funcionamiento de la compañía.
Dicha aerolínea se dice, estaba al borde del cierre, justo cuando se aprobaron los recursos del Estado español.
En un comunicado Plus Ultra decía que "todo este escándalo les había afectado la reputación y un daño comercial injustificado”.
La compañía se defendía ante la imputación, pero por ninguna parte hacía mención de cuál sería el planteamiento que pretendían defender ante la jueza Collazos.
Según los asesores de Plus Ultra, era absolutamente normal que parte de los recursos que recibió la línea aérea hubiesen ido a parar a la estatal venezolana PDVSA, bajo el alegato de que los pagos del combustible no se habían podido hacer antes.
Achacan el retraso a las sanciones internacionales impuestas a Venezuela.
Pero los peritos independientes tomados en consideración por el juzgado advirtieron como sospechoso el hecho de que la aerolínea hubiese priorizado el pago a PDVSA, cuando dentro de sus finanzas tenía cosas más importantes que atender.
Son más que conocidas las irregularidades, bajo las que opera esta compañía; desde sus vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro, hasta el hecho de estar insolventes en 2019.