La familia de Valeria Sosa, asesinada el pasado 30 de enero de un disparo por su marido, un policía que a pesar de las denuncias por violencia doméstica seguía portando su arma, demandará al Estado uruguayo por su responsabilidad en el suceso, confirmó a Efe el abogado de la familia, Ignacio Durán.
La defensa de los familiares de Sosa interpondrá una "demanda civil por daños y perjuicios, daño moral y lucro cesante derivados de la muestra de responsabilidad que tuvo el Estado a través del Ministerio del Interior en no cumplir con el protocolo policial para las denuncias de violencia de género y violencia de doméstica", explicó Durán.
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Dicho protocolo, aprobado en 2015, "pudo haber evitado la muerte de Valeria Sosa si se hubiera cumplido a rajatabla", añadió el abogado.
Para el letrado, la particularidad que tiene este caso es que el Estado uruguayo ya asumió públicamente su responsabilidad al reconocer que hubo errores en la gestión de la denuncia por violencia doméstica que había interpuesto Sosa.
"El victimario era un funcionario policial y ante la denuncia radicada no se le quitó el arma de reglamento y el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoce la responsabilidad y promete a viva voz y en un comunicado mano dura y sanciones para los responsables", manifestó Durán.
No obstante, el abogado indicó que antes de interponer la demanda se va a llevar a cabo una "tratativa extrajudicial" para intentar no judicializar el conflicto" aunque cree que será "muy difícil que haya una solución" si no se transita por un juicio.
En esta instancia previa de diálogo con el Ministerio del Interior, la familia de la víctima pedirá una indemnización de 600.000 dólares, cifra establecida en base a "criterios de jurisprudencia que ese estiman para casos de este tipo".
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"Es una cifra inicial sujeta a posteriores modificaciones pero la manejamos para empezar un camino de diálogo con el Ministerio y ver si se puede evitar la vía judicial", concluyó Durán.
EFE
