La Sala Penal Nacional de Perú dio inicio al proceso contra 35 exoficiales y suboficiales de la Marina de Guerra por el presunto homicidio calificado de 133 internos del penal El Frontón en 1986, tras un motín de presos por terrorismo que se extendió a otras cárceles de Lima.
Los magistrados convocaron a una audiencia de control de acusación en la cual los abogados defensores y de la parte civil expusieron sus posiciones respecto a la acusación planteada por la fiscal Luz Ibáñez, que pide entre 25 y 30 años de cárcel para los responsables.
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos se remiten a las muertes y ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron a partir de las 13.30 horas del 19 de junio de 1986 cuando el motín en el penal El Frontón, ubicado en una isla frente a Lima, había sido debelado y la Marina de Guerra había retomado el control del lugar.
Los amotinados "salieron con las manos en alto, portando una bandera blanca, se habían rendido y las fuerzas armadas tenían la obligación de respetar sus vidas", expresó la fiscal.
"Se juzga los homicios calificados que se cometieron con los internos que salieron rendidos, algunos fueron puestos en el suelo y a algunos se les indicó que corrieran hacia el mar y se les disparó por la espalda, de manera artera, a otros les dispararon en la nuca, y a otros los asesinaron en los baños con bala, cuchillo y bayoneta", relató Ibáñez.
Los efectivos de la Marina colocaron explosivos en todas las columnas del penal y lo hicieron explotar para que murieran todos los internos que quedaron heridos en el motín, agregó la representante del Ministerio Público.
Ibáñez afirmó que los hechos constituyen un homicidio calificado y una violación a los derechos humanos porque "no es permitido matar a gente que se rinde" y porque las fuerzas armadas tenían la obligación de respetar esas vidas.
La Marina de Guerra, a través de una abogada, rechazó el cargo de delito de homicidio calificado y precisó que actuó en el restablecimiento del orden en el penal por una disposición expresa del entonces mandatario Alan García.
Los abogados de los deudos de las víctimas pidieron que se extienda la acusación al expresidente García y los entonces jefes militares, dado que los acusados fueron los militares que ejecutaron el operativo de debelamiento del motín.
Uno de los letrados también pidió garantías para los restos de las víctimas, dado que las autoridades locales, incluido el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, han pedido la demolición del mausoleo en que han sido enterrados en un cementerio de Comas.
La Procuraduría antiterrorismo ha presentado una denuncia por presunta apología del terrorismo contra los responsables de la construcción de ese mausoleo.
Con información de EFE
