La Argentina es el único país que todavía no cumple con los requisitos de la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a pesar de que el país adhirió hace 16 años.
Si bien el organismo destacó en un informe que desde la llegada del nuevo gobierno hubo avances para cumplir con los compromisos, advirtió que esos "esfuerzos" no son suficientes y que todavía deben corregirse numerosas deficiencias para que nuestro país quede posicionado en un lugar más ventajoso frente al objetivo de convertirse en miembro pleno del ente.
¿La clave? La sanción del proyecto de ley de responsabilidad jurídica que el oficialismo presentó en el Congreso el año pasado y que todavía no se debatió. La normativa prevé sanciones para aquellas personas jurídicas que cometan delitos contra la administración pública o que realicen sobornos fuera del país. Durante la última apertura de sesiones, el presidente Mauricio Macri hizo especial hincapié en la necesidad de que esa iniciativa sea aprobada.
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"La Argentina debe promulgar con urgencia la ley para rectificar el serio incumplimiento de la convención", enfatiza la OCDE en el escrito, aunque aclara que el proyecto está "en la agenda del actual gobierno".
En el macrismo esperan que la iniciativa escale en la agenda de prioridades del Parlamento lo antes posible. "Tiene que salir la ley, basta de chamuyo. El mensaje es que si sale esa ley, recién ahí podemos empezar a hablar [para avanzar en el ingreso de la Argentina al organismo]", dijo a LA NACIÓN un funcionario que está al tanto de los entretelones de la producción del informe.
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