El gobierno de Colombia quiere mejorar la convivencia entre sus ciudadanos. Por tal razón, empezó a aplicar el 30 de enero el nuevo Código de Policía, una normativa que, según el presidente Juan Manuel Santos, satisface las exigencias sociales y busca prevenir procesos penales. Sin embargo, el nuevo instrumento ha generado decenas de denuncias en la nación sudamericana.
Félix R. Gutiérrez Rodríguez / El Político
“Las reglas que tenemos para garantizar la convivencia, el respeto de los derechos de todos, están contenidas en el Código Nacional de Policía. Pero teníamos un Código que no se había ajustado desde hace más de 45 años”, explicó Santos. Para él, se trata de “un manual de convivencia que contribuirá a la paz” al promover el respeto entre todos.
El jefe de Estado colombiano indicó que tanto alcaldes como gobernadores deberán adoptar la normativa, explicarla a las comunidades y trabajar en coordinación con la policía. Aunque Santos está “convencido de que este nuevo Código es un paso importante para garantizar una convivencia más tranquila, armónica y pacífica en nuestra vida cotidiana”, al menos 55 demandas han llegado a la Corte Constitucional durante sus dos semanas de vigencia.
12.262 personas murieron en 2016 por hechos violentos en Colombia. Casi la mitad de las muertes, según la policía, estuvo relacionadas con peleas y problemas de convivencia, principalmente inducidas por el consumo de bebidas alcohólicas.
Primeros ensayos
La primera etapa del nuevo Código de Policía será de adaptación, por lo cual las sanciones no tendrán validez económica. “Viene ahora una etapa de pedagogía activa del Código. Durante los próximos seis meses, las sanciones serán pedagógicas”, aseguró Santos.
El código pretende establecer las normas básicas de convivencia en el país. Su infractor quedará marcado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas hasta que cumpla con un curso pedagógico o con un trabajo social que será impuesto por el alcalde o el inspector de policía.
Desde la implementación del código, los policías tendrán que ir puerta por puerta para conocer las inquietudes de cada comunidad. El objetivo es "conocer de la boca del ciudadano qué les molesta, qué vecinos generan ruido sin control, dónde se venden celulares hurtados, expenden drogas, perros de razas bravas sin el cuidado necesario de su tenedor. En fin, hacer una radiografía de la problemática de cada sector para adoptar las medidas correctivas", dijo al diario colombiano El Tiempo un alto mando de la policía.
Competencias y sanciones
- La primera sanción por parte de los policías será verbal: un llamado de atención de carácter informativo.
- El pago de una suma de dinero por una infracción cometida está establecida en el artículo 180 del Código y este puede incrementar por reincidencia, desacato o resistencia. En total son cuatro tipo de multas, que van desde cuatro salarios mínimos diarios hasta 32.
Multa tipo 1 (98.360 pesos colombianos) y multa tipo 2 (196.720 pesos colombianos): los infractores pueden participar en un curso pedagógico los cinco primeros días para que se le perdone la sanción.
Multa tipo 3 (393.440 pesos colombianos) y multa tipo 4 (786.880 pesos colombianos): los infractores pueden reducir en 50% la sanción si asisten a un curso pedagógico.
- El dinero recibido por efecto de multas estará en una cuenta designada para las autoridades distritales o municipales y servirá para financiar actividades culturales o de prevención y para reparar daños materiales ocasionados por los infractores.
- El ciudadano que no pague la multa será reportado al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría, lo que le impedirá asistir a universidades públicas o contratar con el Estado.
- El nuevo Código no se puede aplicar en los territorios indígenas. Se respetan las normas propias de estas poblaciones.
- Los policías están autorizados a grabar cualquier procedimiento y ninguna persona se lo puede impedir. Los civiles también pueden grabar los procedimientos. Aquel uniformado que impida este derecho incurrirá en causal de mala conducta.
- Todo ciudadano puede reportar a la policía si considera que algún vecino tiene música a un volumen muy alto en la comunidad. Los uniformados llegarán al lugar para llamar la atención y sancionarán al infractor si reincide.
- Es obligatorio que todos los perros sean sacados a la calle con correa. Además es necesario que las razas consideradas más peligrosas estén con bozal.
- El consumo de sustancias estupefacientes será determinado por los alcaldes y considerará la dosis mínima. Queda prohibido el consumo en espacios abiertos como parques o calles.
- Los policías podrán hacer requisas en los centros educativos si son informados sobre alguna irregularidad.
- Los menores de edad que no acaten las normas del Código recibirán medidas restrictivas. Los mayores de 16 años serán amonestados verbalmente y los mayores participarán en un programa comunitario o pedagógico. En caso de multa, los padres de los menores asumirán su responsabilidad.
- Las empresas de transporte masivo están obligadas a instalar cámaras de vigilancia en los vehículos que entren en servicio después del 30 de enero. Serán sancionadas todas las personas que no paguen el pasaje y que agredan dentro de las unidades.
- Los alcaldes deben fijar horarios para las operaciones de los locales comerciales. La policía tiene la facultad de verificar la razón social y el cumplimiento de normas de estos locales si así es solicitado por algún vecino.
- La policía está obligada a mediar en caso de una confrontación que pueda terminar en agresión física y deberá siempre garantizar la integridad de las personas. También podrá amonestar a quienes porten armas blancas en sitios públicos.
Ciudadanos descontentos
La Corte Constitucional ha recibido 55 demandas relacionadas con el Código Policial, de las cuales archivó 15, admitió otras 15 y mantiene 20 en revisión.
Algunos ciudadanos aseguran que las disposiciones del Código reglamentan el derecho fundamental de la reunión. “El deber del aviso previo a las autoridades sobre las reuniones y manifestaciones públicas desconoce la esencia disruptiva de la protesta social, salvo en los casos en los que la reunión implique el uso temporal de vías públicas”, expone la ONG Dejusticia.
Los denunciantes también han criticado que la fuerza policial pueda vulnerar la inviolabilidad del domicilio. Para ellos, esta acción suprimiría garantías constitucionales al debido proceso y la reserva judicial.
La prohibición al consumo de drogas en espacio público también generó malestar entre algunos ciudadanos. Cientos de estudiantes universitarios se concentraron en Bogotá el 30 de enero para alzar su voz. “Manifestamos nuestro rechazo a las políticas represivas del Estado colombiano y exigimos el derecho a relacionarnos con las drogas de forma autónoma y responsable, como sucede en otros países”, indicaron en un comunicado los estudiantes de la Universidad Distrital, quienes convocaron la protesta.
