Los rumanos están hartos de su gobierno. Miles de ciudadanos han tomado las calles de la capital, Bucarest, y otras ciudades para darle vida a las mayores protestas desde 1989, cuando el régimen del comunista Nicolae Ceaucescu fue derrocado. Un decreto que “perdonaba” algunos delitos de corrupción provocó la indignación del pueblo y, aunque ya fue derogado, se mantiene en la calle para presionar la salida del gobierno nacional.
Félix R. Gutiérrez Rodríguez / El Político
Los manifestantes alegaron que el Decreto 13/2017 significaba absolver de casos de corrupción a miembros del Partido Socialdemócrata (PSD), como su propio presidente, Liviu Dragnea, a quien condenaron a dos años de prisión por fraude electoral en un referéndum realizado en 2012. Por esta razón, el líder de los socialdemócratas no pudo asumir el poder tras ganar las elecciones en diciembre de 2016.
El primer ministro rumano en sustitución de Dragnea, Sorin Grindeanu, aprobó el pasado martes un decreto que aligeraba el concepto de conflicto de intereses y despenalizaba los casos de corrupción cuyos daños fuesen inferior a 200.000 lei (44.000 euros). El Ejecutivo alegó que la medida buscaba despoblar las cárceles rumanas y que iba acompañada de un propuesta de indulto a 2.700 presos por delitos menores. La medida se sacó sorpresivamente y evitó la consulta al Parlamento, lo que causó la indignación de los rumanos, quienes 9 de cada 10 consideran que la corrupción es un problema importante, según un Eurobarómetro de enero.
Ciudadanos enfurecidos
Mihai Dimian, profesor asociado en la Universidad Howard en EEUU, explica que “el Decreto 13/2017, que ha sido aprobado hace unos días, no había sido mencionado durante la campaña electoral y sólo dos semanas después del nombramiento del Gobierno se ha convertido en una emergencia nacional y ha sido impuesto de forma hipócrita”.
El partido de gobierno vive actualmente una crisis a pesar de su reciente elección del 11 diciembre del año pasado, cuando ganó con 46% de los votos. Desde ese momento, la fracción ganadora envió una carta al jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la cual se comprometía a luchar contra la corrupción en Rumania. Ahora el Ejecutivo tiene que hacer frente una ola de protestas que se mantiene hace una semana.
En Rumanía, el poder económico y administrativo real pertenece al Gobierno, aprobado por el Parlamento, mientras que el presidente es comandante supremo y "representa la unidad de la nación".
Las exigencias siguen
El gobierno rumano aseguró que los protestantes estaban siendo manipulados y la respuesta de la ciudadanía fue más calle. “Nuestro descontento es directamente proporcional a la determinación de los políticos de seguir manteniendo y aumentando sus privilegios”, declaró la analista política y profesora Diana Margarit, quien explica que los ciudadanos han decidido vigilar desde más de cerca las acciones de sus gobernantes porque no confían en ellos.
“El haber derogado el decreto no significa que el Partido Socialdemócrata y sus aliados hayan renunciado a los objetivos mencionados en él. El texto del decreto ha sido trasladado a un proyecto de ley que será sometido al debate parlamentario. La Coalición PSD y ALDE (Alianza de los Liberales y Demócratas) tiene una mayoría numérica en el legislativo rumano”, comentó la analista.
La presión popular hizo que el Gobierno rumano aboliera el decreto de amnistía. El primer ministro Grindeanu también propuso iniciar un debate público sobre temas sensibles relacionados con este documento: "Vamos a empezar conversaciones con otras formaciones para ver cómo modificar la ley sin hacer mención a los 200.000 Lei que paradójicamente han resultado tan controvertidos".
A pesar de la rectificación del gobierno con el polémico decreto, los rumanos mantienen en las protestas otra serie de exigencias, como la dimisión del ministro de Justicia, Florin Iordache, o repetir las elecciones pasadas. Esto último es calificado por el PSD de pretexto para cambiar el poder. “¿Se pretende la dimisión del Gobierno en pleno? Sobre eso no se puede dar una respuesta unitaria. Algunos sí la desean; otros manifestantes, no. Algunos manifestantes piden elecciones anticipadas. ¿Llegarán a producirse? Es difícil hacer un pronóstico. Lo cierto es que la calle todavía no ha dicho su última palabra”, dijo el escritor Vasile Ernu.
El presidente rumano, el conservador Klaus Iohannis, apareció este martes 7 de febrero para criticar la intención del gobierno socialdemócrata de intentar despenalizar la corrupción. "Rumania necesita un gobierno transparente, que sea previsible, a la luz del día, no por la noche de forma subrepticia", manifestó en un discurso ante el Parlamento en Bucarest. La presentación, a la cual no asistió el primer ministro Grindeanu, fue ignorada por los diputados de las formaciones gubernamentales, el PSD y la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), quienes se retiraron del recinto legislativo.
El presidente rumano indicó que revertir el decreto es “demasiado poco” para demostrar el compromiso del gobierno en su lucha contra la corrupción. "Han ganado y les toca gobernar y legislar, pero no de cualquier manera. Rumanía necesita un Gobierno fuerte; no uno que ejecuta de forma dócil las órdenes del partido".
La Dirección Nacional de Anticorrupción de Rumania (DNA) llevó entre 2014 y 2016 a los tribunales más de 1.200 casos de prevaricación, que causaron al Estado daños por valor de mil millones de euros. La DNA investiga en la actualidad otros 2.151 casos de corrupción.
