México ha iniciado una nueva etapa en la lucha contra la corrupción. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este lunes el entramado de leyes encargado de combatir una lacra que le cuesta al país el 10% del PIB. Las medidas, aprobadas tras una procelosa tramitación parlamentaria, que llegó a incluir el veto presidencial, abarcan desde la creación de una fiscalía y un tribunal federal especializado hasta el aumento de penas y el fortalecimiento de los organismos auditores. Este edificio legislativo tendrá en la cúspide un comité coordinador, presidido por un representante de la sociedad civil e integrado por los responsables de los cuerpos encargados de perseguir la corrupción.
Uno de los aspectos más relevantes del denominado sistema nacional anticorrupción radica en que todos los servidores públicos deberán presentar y hacer públicas su declaración fiscal y de intereses. Los datos que afecten a la vida privada o protegidos por la Constitución quedarán exentos de publicidad.
Las sanciones también experimentan un fuerte aumento. En el caso de los funcionarios, el enriquecimiento ilícito será castigado con penas que pueden alcanzar los 18 años de cárcel. En su persecución participará la recién creada Fiscalía Contra los Delitos de Corrupción. Su responsable tendrá que ser elegido de una terna y avalado por dos terceras partes del Senado. Asimismo se habilitará un tribunal federal con jurisdicción plena en estas causas y se le otorgarán nuevos poderes a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda efectuar inspecciones en tiempo real y fiscalizar los recursos centrales destinados a organismos estatales y municipales. También el secretario de la Función Pública, sobre el que recae el flanco gubernamental de este combate, tendrá que ser ratificado por el Senado.
“En unos años recordaremos este día como el inicio de una nueva etapa para la democracia y el Estado de Derecho. La corrupción es un reto de mayor magnitud, que requiere acciones de la sociedad y las instituciones. Estoy convencido de que tiene solución”, afirmó Peña Nieto.
Conocedor de que su gestión ha sido objeto de furibundas críticas por el caso de la Casa Blanca (uno de los grandes contratistas de la Administración construyó y vendió a plazos una mansión a su esposa), el presidente aprovechó la ocasión para pedir disculpas públicas. “En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto, reconozco, que cometí un error (…). En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente, por eso, con toda humildad, les pido perdón”, afirmó Peña Nieto.
En el acto, al que el Gobierno confirió de un alto simbolismo, estuvieron representados los tres poderes. El ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar subrayó la importancia de las leyes aprobadas para que “la integridad, la transparencia, la honestidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas sean una realidad”. “No hay justicia que funcione si hay corrupción. No hay derechos efectivos si hay corrupción. Y en esta medida, la imparcialidad y la independencia son valores fundamentales que los jueces tenemos que preservar todos los días”, dijo Zaldívar.
La corrupción se ha convertido en uno de las principales preocupaciones sociales de los mexicanos. El 93% de la población la da por sentada y un 61% considera que el Gobierno ha fracasado en su combate. A ella se debe gran parte de la desconfianza de la ciudadanía hacía su clase política. Un descrédito que, como reconoció Peña Nieto en su discurso, se ha mantenido en los años de su mandato. Consciente de ello, la batería de leyes promulgadas ayer trata de recuperar este terreno perdido. Sólo el tiempo y los hechos darán la medida del éxito.
Con información de El País
