La Defensoría del Pueblo de Perú dio a conocer que de los conflictos sociales que tienen registrados el mayor número pertenece al gobierno nacional. Señalaron que el tema que más sobre sale es el socioambiental.
Por Rafaela Acosta/El Político
El organismo señaló que hasta diciembre de 2016 de los 212 conflictos registrados 142, equivalentes al 67%, son competencia del gobierno nacional. Detalló que de ese porcentaje 17.9% pertenece al gobierno regional, y 9% al local. Mientras, los organismos autónomos tienen el 2.8%, igual que el Poder Judicial y el Legislativo cuenta con el 0.5% de los casos.
De igual forma, la Defensoría expuso que de los 212 conflictos registrados para el año pasado 156 están activos, ya que han sido expresados por alguna de las partes o por terceros, a través de demandas públicas, formales o informales. Los restante 56 son latentes, porque aún permanecen ocultos y no han sido informados públicamente.
Con respecto al tema que tiene más casos refirió que se trata del socioambiental con 146 casos, seguido de otros relacionados a asuntos de gobierno local, nacional, regional, demarcación territorial y laborales, entre otros.
En cuanto a las regiones donde más se registran conflictos indicó que en el primer lugar está Apurímac. Particularmente el yacimiento de Las Bambas en el cual el Ejecutivo está en etapa de recepción de comentarios sobre el plan que presentaron.
Dentro de la “Alerta temprana” de la Defensoría, también se considera a la zona reservada de Yaguas, ubicada en Loreto, así como un caso de demarcación territorial que involucra a Áncash y Huánuco.
El informe presentado por la Defensoría en diciembre de 2016 incluye el caso del peaje de Puente Piedra, el cual generó una protesta a inicios de este 2017 entre quienes se oponían y la Policía. "Los ciudadanos del distrito de Puente Piedra reclamaron contra la instalación de una nueva garita de peaje en la carretera Panamericana Norte y el incremento en el precio de ese cobro, que afectan al libre tránsito", señala el documento.
Con información de Perú 21 y Defensoría del Pueblo