En lo que va de su gestión, Mauricio Macri lleva dictados 22 decretos de necesidad y urgencia (DNU), número que lo posiciona por encima del fallecido ex presidente Néstor Kirchner quien, durante su primer año de mandato, despachó 17 DNU. La oposición, convencida de que el Gobierno hará de esta modalidad un hábito durante este año electoral, convocó para el 2 de febrero a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso para revisar -y eventualmente rechazar- los últimos decretos presidenciales.
Así lo confirmó a LA NACION el presidente de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri. La decisión es acompañada por el Frente Renovador -de Sergio Massa-, que incluso reclama que se anticipe para la semana próxima la reunión ante la andanada de decretos macristas.
Tanta premura tiene una explicación para los opositores: creen que el gobierno de Macri, en minoría en ambas cámaras, busca esquivar el Congreso para evitar derrotas legislativas y entregarle graciosamente a la oposición escenarios de triunfo en pleno año electoral.
El Ejecutivo apelará a tres DNU la semana próxima. Lo llamativo es que algunos temas se hallan en pleno tratamiento en el Congreso; el proyecto de regulación de las ART cuenta, incluso, con media sanción del Senado. Pero el Gobierno hizo trascender que no convocará a sesiones extraordinarias en febrero y que acelerará los tiempos con esta herramienta.
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El Presidente juega con fuego, así se lo advirtieron a funcionarios del Gobierno las espadas legislativas de Cambiemos en el Congreso. Sucede que la oposición es mayoría en ambas cámaras y, en la primera de cambio, podría unir fuerzas para rechazar algún decreto presidencial. "Tengan cuidado con los decretos que vayan a mandar al Congreso. No se les ocurra dictar decretos estrambóticos porque difícilmente tengamos espaldas para defenderlos", recomendó uno de ellos a un alto funcionario de la Casa Rosada.
"Mauricio (Macri) es un ansioso y algún funcionario seguramente le aconsejó resolver los temas legislativos por decreto, que es más rápido, y él compró. Después somos nosotros los que debemos lidiar con el problema", se resignaba otro importante legislador de Cambiemos.
Hasta ahora, la comisión bicameral dictaminó de manera favorable sobre la mayoría de los decretos de Macri, pero hubo tres excepciones importantes: rechazó el DNU que eliminó el sistema de reembolsos para puertos patagónicos; otro, que subió el mínimo no imponible de Ganancias en 2016 y el tercero que habilitó una ampliación del presupuesto 2016 para pagar el aumento de marzo a los jubilados y para financiar más de 60 obras públicas. Ninguno llegó al recinto.
Pero podría haber un cuarto: el kirchnerismo fogonea un dictamen de rechazo al decreto reglamentario (no DNU) por el cual el Ejecutivo reglamentó la ley de blanqueo y permitió que puedan blanquear bienes y tenencia de monedas padres, cónyuges e hijos de los funcionarios si éstos justifican que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública. "Ese decreto es nulo porque vulnera explícitamente el espíritu de la ley votada por el Congreso", insistió Cleri.
En la oposición preparan lanzas. "La estrategia del Gobierno es cerrar el Congreso y sacar DNU. Hasta que un día nos pongamos todos locos y hagamos una sesión especial para bajarlos. Va a ser un año difícil, no tienen voluntad de resolver los temas legislativos sino especular", asestó la jefa de bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, en una entrevista con Clarín.
El representante de ese bloque en la bicameral, Raúl Pérez, coincidió: "Veo la situación como un abuso. El Congreso funcionó normalmente, la oposición cooperó en la sanción de las leyes que pidió el Gobierno y no veo la urgencia en algunos de los decretos del Presidente".
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El diputado oficialista Pablo Tonelli, también miembro de la comisión bicameral, sostuvo: "Consideramos que los decretos del Gobierno se encuadran dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional. Gozan de plena legalidad".
Desde el kirchnerismo, la diputada Diana Conti (también integrante de bicameral) advirtió que el Gobierno "apela a los DNU con el sólo propósito de no convocar a sesiones extraordinarias e inhibir al Congreso". Y enfatizó: "Está violando la división de poderes".
Claro que el kirchnerismo hizo uso y abuso de los DNU en sus 12 años; Néstor Kirchner dictó 270 en cuatro años y si bien su esposa, Cristina, sólo firmó 9, lo cierto es que por esta vía amplió y distribuyó recursos presupuestarios multimillonarios de manera discrecional, sin control del Congreso.
Es que la tentación de legislar por decreto es grande para cualquier gobierno. La primera ventaja es que el DNU entra en vigencia apenas se publica en el Boletín Oficial y sólo pierde validez cuando ambas cámaras del Congreso lo rechazan. Esto nunca ocurrió hasta ahora: desde 1994 (cuando se reformó la Constitución Nacional y se incorporó la figura de los DNU) a la fecha, todos los gobiernos tuvieron al menos una de las cámaras a su favor, por lo que el rechazo de un decreto presidencial fue siempre una misión imposible. En esto pensó Cristina Kirchner cuando impulsó la ley en 2006 para blindar los DNU de su marido, el entonces presidente Kirchner.
Otra ventaja de los DNU es que si bien la Constitución Nacional dispone, en su artículo 99 inciso 3, que esta herramienta sólo debe ser utilizada "cuando circunstancias excepcionales" impidan el trámite normal de sanción de las leyes, lo cierto es que desde la reforma constitucional de 1994 a la fecha todos los gobiernos de turno apelaron a los DNU con criterio arbitrario y casi sin respetar las condiciones excepcionales de "necesidad y urgencia" que imponen estas medidas.
Con información de La Nación
