Las condenas por corrupción en Colombia no llegan al 5% de las denuncias. De hecho, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá son las regiones en las que se concentra el mayor número de denuncias sobre corrupción. La mayoría de sanciones son disciplinarias y muy pocas terminan en una condena penal.
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El uso de bienes del Estado en beneficio propio, denominado Peculado, exigir dinero por realizar una función propia de su cargo, delito tipificado como cohecho, son las actuaciones más denunciadas en contra de servidores públicos en el país.
Elizabeth Ungar exdirectora de transparencia por Colombia señaló que la mayoría de acusados por hechos de corrupción no responden por una lenta administración de justicia.
“Es, sin duda, el flagelo más importante que tiene el país y el problema más crítico que estamos enfrentando en el país es que la estancia de las investigaciones en materia de corrupción todavía es limitado porque muchas de estas investigaciones están prescribiendo por términos y eso es inaudito, eso no debería estar pasando”, señala Ungar.
De acuerdo con un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia, de alrededor de 12.500 sanciones por denuncias de corrupción en el año 2012, aproximadamente 800 terminaron con una condena penal, 420 con castigos en materia económica y 11 mil con decisiones disciplinarias.
Carolina Calderón, directora de Funcicar, organización que estudia temas de transparencia institucional en el Caribe colombiano, expresó que los corruptos saben cómo evadir la justicia.
“Cada vez vemos cómo algunos políticos y particulares que han entendido perfectamente el funcionamiento del Estado, desde adentro, capturan nuestras instituciones y dificultan el ejercicio del control ciudadano, pues se han confabulado con abogados y contratistas y hacen que todo cumpla con los requisitos legales”, indicó Calderón.
En Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca se registra el mayor número de denuncias por corrupción anualmente. Elizabeth Ungar sostuvo que casos como el de Odebrecht deja claro que quienes corrompen no solo buscan los niveles más bajos de la administración Estatal.
“Muchas veces el que corrompe es un privado, entonces aquí también hay que hacerle un llamado al sector privado para que asuma sus responsabilidades, la corrupción se ha globalizado, el caso Odebrecht muestra muy claramente esa situación”, agregó la experta.
La problemática de corrupción se suma, según Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, al entorno democrático. Gran parte de quienes fueron elegidos en los más recientes comicios han tenido que salir de sus cargos por irregularidades.
“Solamente el año pasado tuvimos una elección atípica cada 15 días, de esas elecciones atípicas más o menos el 50 por ciento correspondía a candidatos que tenía algún tipo de investigación de carácter judicial, que tuvieron que ser retirados del cargo porque tuvieron alguna condena, no solamente por temas administrativos sino por temas relacionados con los aspectos penales o con candidatos que no cumplían los requisitos para poder estar en el cargo”, puntualizó Barrios.
Casos recientes de peculado como la exdirectora del IDU Liliana Pardo y el exviceministro de agricultura, Juan Camilo Salazar, enviado a la cárcel La Picota por el caso Agro Ingreso Seguro y de cohecho como el que involucró a Yidis Medina, son algunos de los más representativos en un panorama que, según los expertos, deja a Colombia con una necesidad de administración eficiente en materia de justicia contra la corrupción.
Con información de rcnradio.com
