Aunque los cuatro grandes partidos están de acuerdo en retirar aquellos aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos, esta prerrogativa amenaza con mantenerse vigente durante los próximos años ante la posición de bloqueo adoptada por Podemos. Esta formación recoge esta medida en sus dos últimos programas electorales, pero ha decidido incluirla como parte de una reforma global de la Constitución en la que, entre otras cuestiones, se blinden los derechos sociales. Dada la dificultad de los distintos partidos para consensuar sus posiciones ante la reforma de la Carta Magna, los aforamientos seguirán vigentes, como mínimo, hasta el final de esta legislatura.
Cerrando la puerta a todos los resquicios, la formación morada se niega también a secundar cualquier cambio que se pretenda realizar en la Constitución -la retirada de los aforamientos requiere cambios en dos de sus artículos- sin convocar un referéndum. Con esta posición impide también la aplicación del procedimiento de urgencia que permite aprobar cambios en la Carta Magna en cuestión de semanas, aunque los otros grandes partidos estuvieran de acuerdo. La Constitución establece que si la décima parte de los miembros del Congreso o el Senado -35 diputados o 26 senadores- solicita que las modificaciones aprobadas se sometan a referéndum, esta consulta tendrá que celebrarse. Podemos, con sus 71 escaños, tiene músculo suficiente para impedir cualquier reforma urgente usando esta vía, que demora mucho los plazos.
Ciudadanos había decidido esquivar las evidentes dificultades existentes para pactar una reforma de la Constitución poniendo en marcha en febrero la derogación urgente de esta prerrogativa. Su objetivo es lanzar una señal a la ciudadanía para empezar a recuperar su confianza en la clase política. Dada la coincidencia de los cuatro grandes partidos en poner fin a los aforamientos de cargos políticos, la formación naranja defendía su tramitación por el procedimiento de urgencia y aprobación en lectura única para que el Congreso de los Diputados pudiera aprobar la medida en el primer trimestre del año. Ahora, Ciudadanos, el principal impulsor del recorte de los aforamientos, tiene previsto entablar contactos con el resto de los grupos la semana que viene, incluido Podemos, para ver las opciones existentes. El número dos de la formación, José Manuel Villegas, se mostraba ayer partidario de mantener la esperanza de poder llegar a un acuerdo que permita que la formación morada desbloquee su postura. Pero si no es así, reconoce que Ciudadanos tendrá solo dos opciones: o promover la reforma buscando el apoyo de PP y PSOE al margen de Podemos y renunciando a una aprobación rápida, o relegarla hasta el debate global de la Constitución sabiendo que puede no fructificar.
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La segunda opción cuenta con más posibilidades de salir adelante ya que el PP, hasta ahora, ha defendido que cualquier cambio de la Carta Magna debe realizarse con el mismo consenso con el que se aprobó la Ley de Leyes en 1978. Esta exigencia obliga a que Podemos respalde necesariamente cualquier modificación. Además, el Gobierno es partidario de realizar esta reforma ya que se incluye entre los compromisos asumidos con la formación naranja para obtener su apoyo en la investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, a priori, no se inclina a ponerla en marcha por la vía rápida.
Acompasar la reforma
Su principal argumento es que el cambio en la Constitución permite retirar la prerrogativa a 650 políticos de los 2.000 cargos públicos y electos que cuentan con la condición de aforados, a los que se añaden otros 15.000 entre jueces y fiscales. Siguiendo este hilo, en la última sesión de control, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, abogó por acompasar esta reforma parcial de la Constitución que ahora Podemos bloquea con la modificación de los 17 estatutos de autonomía, las leyes reguladoras del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el presidente del Tribunal Constitucional…
No obstante, fuentes del grupo popular apuntan a que el Gobierno sí estaría dispuesto a poner en marcha esa reforma urgente a cambio de que Ciudadanos ralentizara su interés por iniciar una reforma profunda de la Constitución este año. Ante la incertidumbre que rodea al liderazgo del PSOE, el desafío secesionista catalán y las radicales posiciones de Podemos, Moncloa es partidaria de esperar a que el momento se vuelva más favorable. Ahora, la formación morada le ha resuelto el problema al Gobierno al bloquear cualquier reforma parcial de la Carta Magna.
Sin embargo, y pese a las estrechas posibilidades de consensuar con éxito una reforma de la Constitución, la formación naranja sí mantiene su intención de proponer al resto de partidos la búsqueda de un acuerdo. Ciudadanos prevé iniciar así contactos en enero o febrero para proponer a todos los partidos con representación parlamentaria, incluidos independentistas, la creación de una mesa de partidos al margen del Congreso de los Diputados, para intentar delimitar el perímetro de una posible reforma.
Desde Podemos, el responsable de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, asegura que «a priori» su formación está dispuesta a sentarse hablar pero advirtió que «no queremos perder el tiempo», recordando que la arquitectura de la reforma constitucional a la que aspiran los cuatro grandes partidos es tan diferente que será difícil que la mesa de partidos pueda conducir a un acuerdo. El PSOE, por su parte, es partidario de crear una subcomisión dentro de la Comisión Constitucional del Congreso para analizar si es posible plantear la reforma en esta legislatura, pero en las últimas semanas ha dado un paso atrás abogando por contar con un acuerdo previo de todos los grupos. El Gobierno no cierra la puerta, pero tampoco la abre, de manera que la posición de bloqueo adoptada por Podemos es uno de los mejores regalos que podía recibir Moncloa en este inicio de año.
Con información de: ABC
