La Fiscalía de Perú negocia con la empresa brasileña Odebrecht un adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas obtenidas con los sobornos entregados a funcionarios, tras ser incluida como persona jurídica en la investigación de estos delitos, anunció hoy el fiscal anticorrupción Hamilton Castro.
"Para comenzar a conversar, la empresa tiene que mostrar la voluntad de devolver las ganancias ilícitas", aseguró Castro en una conferencia de prensa junto al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, Alonso Peña.
Además de un adelanto de esa devolución, la Fiscalía negocia con la compañía brasileña la entrega de importante información y no descarta recurrir a procesos especiales, como las colaboraciones eficaces, que permiten a los implicados beneficios a cambio de reconocer su culpabilidad y facilitar la investigación.
Castro explicó que la Fiscalía abrió la investigación en noviembre de 2016 tras constatar que tres sociedades constituidas en paraísos fiscales y vinculadas con sobornos de Odebrecht en el caso "Lava Jato", la mayor operación anticorrupción de Brasil, también habían realizado transferencias a cuentas bancarias en Perú.
"Se trata de un esquema de delictivo sin precedentes en el Perú, distinto a las clásicas comisiones y entregas de dinero en efectivo", indicó.
El fiscal detalló que la investigación se centrará en descifrar la información un sistema informático que manejaba Odebrecht, ahora en poder de la Fiscalía suiza, donde están detalladas las cantidades, las cuentas, las transferencias y los beneficiarios de esos sobornos, cuyos destinatarios utilizaban pseudónimos.
"El trabajo de la Fiscalía peruana está en descubrir quién están detrás de los pseudónimos y establecer las rutas del dinero en Perú. No es necesario allanar las instalaciones de la empresa. El registro de coimas (sobornos) no está en sus oficinas de Lima. Está en Suiza", agregó Castro.
Sánchez, por su parte, afirmó que los fiscales peruanos continuarán la investigación "caiga quien caiga" y garantizó sanciones para quienes hayan cometido los delitos.
El pasado miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe en el que señaló que Odebrecht y algunas de sus filiales pagaron aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluido Brasil, para obtener contratos públicos.
En Perú, la empresa pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre el 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de EE.UU.
El presidente de Odebrecht Latinvest, Mauricio Cruz, afirmó el viernes que la empresa "actúa para reparar" los "errores" que ha cometido y aseguró que la empresa no va a permitir "que una situación similar vuelva a ocurrir", por lo que "seguirá promoviendo y apoyando investigaciones internas y externas" sobre el caso.
El primer ministro de Perú, Fernando Zavala, anunció el miércoles que Odebrecht no podrá volver a participar en una licitación en el país y que "en las obras en ejecución" van "a asegurar la continuidad del servicio, mientras se realizan las investigaciones correspondientes".
Con información de EFE
