La Justicia argentina dictó 173 sentencias de un total de 585 causas que se registraron en todo el país, entre 2006 y 2016, en las que 733 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar (1976-1983), informaron hoy fuentes oficiales.
Estos datos se desprenden del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, "A 40 años del golpe, 10 años de justicia", publicado este lunes en su portal oficial, que recoge los datos registrados, desde la reapertura de los juicios por violaciones de los derechos humanos en 2006.
Hasta el 20 de diciembre de 2016 contaron un total de 585 causas, de las que se dictaron 173 sentencias y 87 de ellas se encuentran en estado de revisión, lo que significa que al menos uno de los imputados recurrió su sentencia a una instancia superior.
En estos fallos, de 811 personas, 733 fueron halladas culpables y 78 inocentes.
De las 412 causas en las que todavía no se ha dictado sentencia, 16 se encuentran en proceso de juicio, mientras que el resto están vistas para sentencia (119) o en etapa de instrucción (277).
Estos datos surgen a partir de la información remitida por los fiscales de todo el país que se presenta cada año sobre los "principales avances y obstáculos enfrentados por el proceso de justicia en el que se investigan crímenes de lesa humanidad en Argentina durante 2016″.
El documento explica el estado de los expedientes abiertos por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado y la situación procesal de los imputados.
Además, indica el número de víctimas que formaron parte de cada causa, el número de sentenciados y aspectos relevantes del juicio, como los centros clandestinos de detención o los circuitos represivos.
En el texto, destacaron que se "han profundizado" ciertas tendencias que se presentaban desde el 2014: "menor cantidad de sentencias y por consiguiente de nuevos imputados sentenciados por año y mayor cantidad de excarcelaciones o de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario".
Este año se cumplieron 30 años de la histórica sentencia conocida como "el juicio a las Juntas", que condenó a los máximos jefes de la dictadura por las masivas violaciones de derechos humanos cometidas.
Tras ese proceso, que concluyó con fuertes penas, entre ellas cadena perpetua para el dictador Jorge Videla, fallecido en 2013 en la cárcel, la Cámara Federal recomendó investigar las responsabilidades de los mandos inferiores, tomando como referencia los testimonios y la prueba documental producida durante el juicio.
Fue cuando se abrieron cientos de causas en todo el país que luego fueron interrumpidas por las leyes de punto final y obediencia debida sancionadas en 1986 y 1987.
Sin embargo, en 2005, durante el Gobierno de Néstor Kichner (2003-2007), la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esas leyes y en 2006 los juicios volvieron a retomarse.
Con información de EFE
