Más de 200 estudiantes de máster y posgrado llevan hoy ante el Ministerio de Educación la lucha que comenzaron hace siete años.
La plataforma de afectados por el préstamo renta inicia así un proceso de responsabilidad patrimonial contra la institución que no les informó de los cambios que los llamados Préstamos Renta Universidad (PRU) sufrieron tras las dos primeras convocatorias.
Los prestatarios sostienen que fueron víctimas de una información deficitaria al firmar los contratos de ayuda para sus estudios de máster y posgrado, que se ofrecían a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y varias entidades financieras.
Entre los años 2007 y 2008, a los estudiantes que solicitaban el préstamo solo se les requería devolverlo cuando cobrasen un mínimo de 22.000 euros anuales.
Sin embargo, en la convocatoria siguiente esta cláusula desapareció: los prestatarios tendrían que devolver el crédito pasado un tiempo con independencia de su renta. Desde la plataforma afirman que la información era deficitaria y que no se avisó en ningún momento de que las condiciones habían cambiado. Un total de 15.629 personas pidieron estos préstamos en los cuatro años en que estuvieron vigentes. En 2011, el Ministerio cambió el nombre de estas ayudas. Fuentes de Educación afirman hoy que el plan estaba "muy mal diseñado", que terminaba siendo "una trampa para los estudiantes" y que por esta razón se decidió suprimirlo.
Roberto Carlos Ramos, de 34 años, pidió uno de estos préstamos en 2010 y cuenta que los trámites fueron muy fáciles: "En mi sucursal a todo decían que sí". Gracias a esta ayuda pudo pagarse los estudios de posgrado. Después de realizar un máster en Tratamiento Educativo de la Diversidad, no encontró empleo: "El poco trabajo que he tenido ha sido de camarero, socorrista y poco más". Nunca llegó a cobrar 22.000 euros anuales y sus padres tuvieron que ayudarle a la hora de pagar el crédito.
El abogado de la Asociación de afectados por los Préstamos Renta, Miguel Ángel Andrés Llamas, explica que las condiciones del crédito se fueron endureciendo año tras año. Entidades como el Banco Santander señalan que "únicamente el Ministerio de Educación tiene capacidad para cambiar las condiciones de estos préstamos" puesto que procedían de fondos públicos.
Añaden que el Instituto de Crédito Oficial era quien prestaba el dinero, siendo las entidades financieras meras intermediarias. Desde el organismo mantienen la misma postura: "El papel del ICO en la línea de Préstamos Renta Universidad fue el de actuar como agencia financiera del Estado".
Tras las primeras peticiones de la plataforma de afectados, el Gobierno decidió ampliar los plazos de carencia para aquellas personas con dificultades para devolver el crédito. Cuando Ramos preguntó en la sucursal bancaria si debía pagar intereses después de este tiempo, le dijeron que no. Sin embargo, sí los acabó costeando. "Debería pagar 194 euros mensuales y pago aproximadamente 230″, relata. Ahora tiene que hacer frente a un tratamiento médico y asegura que no sabe si podrá seguir pagando el préstamo. Ha escrito varios correos al Ministerio pero la respuesta siempre ha sido la misma: no hay alternativa posible.
Con información de El País
