El Comité de la ONU contra la Tortura pidió hoy al Gobierno ecuatoriano informaciones detalladas sobre muertes de personas en custodia y sobre su estrategia de construir cárceles para reducir el hacinamiento, en lugar de favorecer la disminución de la población penitenciaria.
El órgano de la ONU, compuesto por expertos independientes, examinó en esta jornada el cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano de la Convención Internacional contra la Tortura, un escrutinio al que deben someterse periódicamente todos los países que han ratificado este instrumento jurídico.
Ecuador acudió a esta evaluación con una importante delegación, que incluye a representantes de los tres poderes del Estado y que encabeza la ministra de Justicia, Ledy Zuñiga, quien consideró que esto muestra el fuerte compromiso que tiene su Gobierno con el sistema de protección de los derechos humanos.
En referencia a los comentarios del presidente del Comité, Jens Modvig, quien expresó dudas sobre la reducción del hacinamiento carcelario y -comparándolo con el del periodo 2000-2010- dijo que en realidad había aumentado, la ministra aclaró que tales comentarios no tienen en cuenta ciertos aspectos de la realidad de Ecuador.
En declaraciones a Efe, Zuñiga mencionó que un terremoto ocurrido el pasado abril afectó gravemente dos prisiones en las provincias de Manabí y Esmeraldas, y que el traslado de los reclusos a otros establecimientos puede haber aumentado ligeramente y de manera temporal la tasa de hacinamiento.
Sin embargo, "volveremos a los niveles de ocupación carcelaria que teníamos" cuando se concluya en los primeros meses de 2017 la construcción de un nuevo centro penitenciario en Manabí, con una capacidad superior a la del anterior, aseguró.
La ministra de Justicia dijo que le llamó la atención que Modvig no haya tenido en cuenta que "en Ecuador antes reinaba la impunidad" y que, si en el pasado había 14.000 privados de libertad y hoy son 26.000, debe tomarse en cuenta que "la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes llegaba a 18 y que ahora es de 5″.
"Antes de la reforma de la Justicia teníamos una puerta giratoria en el sistema judicial, los delincuentes entraban y por la misma (puerta) salían. Las prisiones preventivas caducaban, había audiencias fallidas, no se emitían sentencias y obtenían su libertad", explicó, asegurando que esa situación se ha superado.
Sobre la política de construcción de penales, la ministra dijo que antes de la reforma judicial, que empezó a aplicarse en 2014, había entre 14.000 y 17.000 reos para un máximo de 7.000 plazas.
"Uno se puede imaginar cómo era el sistema penitenciario en Ecuador, (las cárceles) eran bodegas y allí (los reclusos) perdían sus derechos, su dignidad y no se les podía dar acceso a la rehabilitación porque no había espacio", explicó a Efe.
Enfatizó que ahora "cada uno tiene un lugar donde dormir y por eso es necesario construir cárceles. De lo contrario, aumenta la inseguridad para los reclusos y para sus familias", declaró Zuñiga, quien dijo que éstas serán parte de las respuestas que mañana -en la segunda parte de la sesión- dará a las preguntas formuladas hoy por miembros del Comité.
Durante su intervención, Modvig recordó a la ministra que previamente se pidió que la delegación ecuatoriana llegara a la sesión con "estadísticas de las muertes en custodia en el periodo bajo examen (2015-2016), desglosadas por género, edad, origen étnico y nacionalidad de los muertos y las causas".
Mencionó que el Comité recibió datos sobre homicidios en cárceles, pero que lo que se desea recibir es información detallada sobre muertes en custodia y sobre los procedimientos que se aplican en estos casos.
Por su parte, el vicepresidente del Comité, Claude Heller, expresó la preocupación existente por "la destitución de jueces por el Consejo de la Magistratura, incluidos todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia a través de mecanismos cuestionables que han afectado la independencia judicial".
A este respecto, la ministra respondió que "por primera vez en Ecuador los jueces son elegidos a través de un concurso de méritos, lo que garantiza la independencia del sistema de justicia".
"Frente a cierta información imprecisa aclararemos que los jueces tienen nombramiento y una escala salarial que les permite desarrollar eficazmente su trabajo", agregó.
Con información de EFE
