El alcalde metropolitano de Caracas, el opositor en arresto domiciliario Antonio Ledezma, dijo que un referendo revocatorio presidencial este año y el derecho a protestar "vale más" que su libertad, en un momento en que tras el inició del diálogo en el país se está excarcelando a algunos opositores presos.
"Realizar el RR2016 (referendo revocatorio), el derecho a protestar por Venezuela y juicio político a responsables de esta crisis valen más que mi libertad", aseguró Ledezma a través de un mensaje en Twitter.
La afirmación del opositor se produce un día después de que fueran liberados cinco opositores detenidos, que la oposición venezolana consideraba "presos políticos".
Esos opositores, acusados de distintos delitos contra el Gobierno o el orden público, fueron puestos en libertad 24 horas después de que se iniciará un proceso de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la alianza Mesa de la Unidad democrática (MUD).
Unas horas antes de que se iniciaran las conversaciones, Ledezma pidió a sus compañeros de la MUD cuidar al proceso de diálogo del "desprestigio" y tener a mano "una agenda que incluya hacer respetar la vía del revocatorio este 2016″.
En el mensaje difundido hoy, Ledezma se refiere también a la declaración de responsabilidad política de Maduro, un proceso que el Parlamento, controlado por la oposición, podría aprobar este martes a expensas de afectar el diálogo.
Ledezma es de los partidarios de que la principal exigencia de la MUD al Gobierno sea lograr que se celebre un referendo para revocar el mandato de Maduro, un proceso que ya la oposición había iniciado en marzo pasado y que fue suspendido por las autoridades electorales unos días antes de que el antichavismo aceptara dialogar.
La oposición venezolana tiene opiniones distintas sobre su posición ante el diálogo. Por un lado esta el grupo que piensa que es necesario sentarse a la mesa para negociar sus planes con el Gobierno y por otro los que consideran que antes deben exigirse una serie de condiciones.
Ledezma fue arrestado en febrero de 2015 por supuesta conspiración y asociación criminal, cargos por los que se enfrenta a una pena de 26 años de prisión.
Inicialmente, el político también fue enviado a la cárcel de Ramo Verde, pero apenas dos meses después, tras una intervención quirúrgica, pasó a la situación de arresto domiciliario.
Con información de EFE
