El proyecto de Ley de Plusvalía, retirado el año pasado tras las protestas ciudadanas, no ha salido de la agenda del Gobierno. El pasado 17 de octubre, durante la inauguración del Hábitat III, el presidente Rafael Correa anunció que enviará en los próximos días el proyecto a la Asamblea.
El Primer Mandatario manifestó por primera vez su intención de enviar este proyecto el 24 de mayo del 2015. La norma, que busca recaudar rentas a favor de los municipios, se remitió 12 días después a la Función Legislativa. El texto llegó junto al también polémico proyecto de Ley de Herencias.
El actual Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) ya fija un impuesto a la plusvalía de hasta el 10%, que se cobra a la diferencia entre el avalúo municipal del bien y su valor comercial. El Presidente buscaba cambiar este impuesto, porque algunos propietarios “están cruzados de brazos 20 años, viene una inversión de la sociedad y multiplica el valor de su bien y se vuelven millonario”. El proyecto enviado el año pasado planteó cobrar un impuesto del 75% a las “ganancias extras” en la venta de casas y terrenos urbanos, sea que el incremento del precio de venta obedezca a inversión pública (un puente) o privada (un centro comercial).
El Jefe de Estado defendió en ese entonces que el impuesto es para los especuladores, que se benefician de una “ganancia ilegítima”.
Aunque aún no se conocen los términos en los que se enviará el nuevo proyecto, el anuncio genera preocupación en el sector de la construcción, que este año podría decrecer 10%, según la última previsión del Banco Central del Ecuador. Para Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador, la norma encarecerá la tierra, en medio de un escenario de recesión para el sector.
“La caída de ventas es tan significativa que pocos son los proyectos nuevos”. El Régimen defiende que la inversión pública aumenta la plusvalía de los propietarios de inmuebles, pero para Pita las obras públicas también deterioran la plusvalía como un paso a desnivel, por ejemplo.
Para Frank Gualsaquí, alcalde de Pedro Moncayo, la iniciativa es “positiva e interesante”. Mencionó que este momento ese cabildo realiza un análisis para ver cuál sería el impacto en las rentas. El proyecto inicial planteaba que el tributo se pague en el momento de vender el bien y aplicaba para todos los predios urbanos, incluidos terrenos. En el caso de bienes inmuebles, el Ejecutivo proponía un impuesto a la ganancia ‘extra’ para la segunda venta, luego de reconocer una ganancia ordinaria al propietario y un monto exento de unos 24 salarios (USD 8 496). La primera seguirá pagando el 10%.
Para terrenos urbanos baldíos la iniciativa planteaba un tiempo de transición de cinco años, para no pagar la tasa del 75%, cuando se trate de la primera venta. Después de ese plazo debían cancelar el 75% de las ganancias extras. Ello buscaba frenar la especulación. El asambleísta Richard Calderón, quien en ese entonces presidía la Comisión de Gobiernos Autónomos, encargada del análisis del proyecto, dijo que no todos los municipios cobran ese rubro en perjuicio de sus propias rentas.
Basado en un estudio oficial, señaló que en el 2014 unos $ 600 millones de plusvalor de nueve municipios fueron a privados, mientras la recaudación por plusvalía de todos los municipios del país sumó $40 millones. La propuesta inicial del Ejecutivo generó rechazo y se expresó en movilizaciones en las calles de varias ciudades del país.
El Ejecutivo ajustó la propuesta de Herencias e inició una campaña de difusión para ambos proyectos de ley. Los cambios no dejaron tranquilos a constructores, que señalaron que las iniciativas legales generaron incertidumbre y pararon algunos proyectos de inversión.
Tampoco detuvieron las movilizaciones. Finalmente, el presidente Correa anunció el 21 de junio que retiraba temporalmente los proyectos y daba paso a un diálogo nacional. Desde diciembre pasado, Rafael Correa anuncia que enviará nuevamente estos proyectos. Lo reiteró en mayo pasado y esta semana en Hábitat III. Ahí dijo que enviará una Ley para que la plusvalía “ilegítima” que hoy se llevan los privados vaya a los municipios.
Con información de El Comercio
