Después de diez días trabajando 14 horas diarias, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ampliaron la imputación contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa en la que se la investiga por el direccionamiento de las adjudicaciones de obra pública durante su gestión en favor del detenido empresario Lázaro Báez.
En un dictamen de 135 páginas que entregaron al juez federal Julián Ercolini y al que accedió Clarín, los fiscales consiguieron más pruebas de cómo fue "el plan criminal" para asignar y destinar" 2.200 millones de dólares a Báez. Descubrieron 19 nuevos casos testigos donde se usó al mismo representante técnico de Vialidad Nacional y las mismas máquinas para hacer las obras en forma simultánea, lo que le daría un carácter omnipresente al especialista y a las topadoras, por ejemplo. Uno de los casos es el tramo GüerAike – Punta Loyola de la famosa ruta nacional 40, la que va pegada a la cordillera de los Andes en el cual Vialidad Nacional concedió una serie de excepciones y, sin embargo, pagó a término..
La ex mandataria está citada a prestar declaración indagatoria en esta causa el 31 de octubre. La ampliación de la imputación no implicará cambios en esa fecha dado que el juez cuenta con el tiempo suficiente para correr vista a las partes antes de que se concrete esa cita judicial.
También comenzarán a desfilar por los tribunales de Comodoro Py a partir de la semana próxima otros ex funcionarios, como el ex ministro de Planificación y diputado del Frente para la Victoria Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, hoy detenido por enriquecimiento ilícito debido a los bolsos del convento con casi 9 millones de dólares.
En el dictamen especifican todos los mecanismos legales y constitucionales a los que recurrieron los Kirchner para que VN contara con los fondos suficientes para que terminado el mandato de Cristina Fernández, las empresas de Lázaro Baéz, “no sólo fueran el mayor contratista de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, sino que eran el único empresario de esta materia al que no se le adeudaba el pago de certificados de obra", añadieron. Los certificados de obra, en general, se pagan con retrasos de hasta 90 días.
A criterio de los fiscales, las nuevas pruebas refuerzan "los vínculos entre la ex familia presidencial y Lázaro A. Baéz" y "demostrarán cómo mientras los ex presidentes (Néstor y Cristina Fernández) estaban a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, en simultáneo realizaban negocios inmobiliarios con la principal contratista de obra pública en la provincia de Santa Cruz, Austral Construcciones S.A." Se trata de 13 contratos entre los Kirchner y Báez.
Los fiscales hicieron además hincapié en las irregularidades "tanto en la adjudicación como en la ejecución de las obras viales que le eran asignadas a las empresas del Grupo Báez en la provincia de Santa Cruz" como en "la Dirección Nacional de Vialidad".
Analizaron 19 ‘casos testigo’, en donde se precisa "la utilización de un mismo representante técnico para prácticamente todas las obras estudiadas y la utilización de las mismas planillas de equipos de trabajo en diferentes obras que se ejecutaban en simultáneo".
Y añadieron otros 15 casos testigo en busca de reafirmar "la hipótesis" de que "todas las obras analizadas que le fueron adjudicadas a las empresas de Lázaro Baéz en la provincia de Santa Cruz se verifican numerosas y graves irregularidades que demuestran la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los ex presidentes en perjuicio de las arcas del Estado".
Tras sostener que en la década kirchnerista la política de inversiones en materia vial la fijó el Gobierno y no el Congreso, los fiscales sostuvieron que al finalizar el gobierno de Cristina E. Fernández, las empresas del Grupo Báez “eran las únicas contratistas a las que no se les adeudaba un solo centavo e incluso se les había pagado por encima de la obra certificada, mientras que a otras empresas se les adeudaban sumas millonarias".
El dictamen explica cómo Néstor y Cristina pusieron la mayor inversión real directa del Estado en Vialidad Nacional y luego a través de una veintena de decretos de necesidad y urgencia (DNU) reasignaron unos 2 mil millones de pesos a ese organismo para contratos manejados por Báez. En particular, Cristina asignó fondos del fideicomiso del gas oil para que los manejara Lópéz en obras en Santa Cruz. La ex presidenta tomó esa decisión a pesar de que un informe de la Auditoría General de la Nación, que en ese momento manejaba el radical Leandro Despouy, advirtió que las reasignación debían ser específicas y no generales, entre otras irregularidades.
Luego de analizar todos los mensajes de Néstor y Cristina al Congreso para que se apruebe el presupuesto nacional, concluyeron que “se puede apreciar una matriz en el relato oficial que, al amparo de la necesidad de obra pública que todo Estado federal necesita para su desarrollo, favoreció una millonaria asignación de recursos a la Dirección Nacional de Vialidad dependiente del Ministerio de Planificación", sostuvo el dictamen.
Así, finalmente dice el escrito, el ministerio de De Vido se convirtió "en el principal organismo a través del cual el Estado nacional invirtió en el país y en una caja de recursos dirigidos a la Provincia de Santa Cruz y desde allí, conforme un plan previamente ideado y a partir del cual el caso cobra relevancia penal, a la empresa insignia del amigo de la ex familia presidencial Austral en perjuicio de las rentas de la Nación". En este último párrafo, los fiscales volvieron a acercarse al delito de asociación ilícita por el cual, todavía, no imputaron a Cristina y es uno de los cuales podría, en el futuro, provocar una prisión preventiva.
Con información de Clarìn
