Los fiscales en Texas han anunciado su intención de buscar la pena de muerte para dos hombres venezolanos, Johan José Martínez-Rangel, de 22 años, y Franklin José Peña Ramos, de 26 años, quienes están acusados de asesinar a una niña de 12 años, Jocelyn Nungaray, en Houston.
El anuncio se realizó el 13 de diciembre de 2024, tras el trágico incidente que ocurrió el 16 de junio, cuando Nungaray fue supuestamente secuestrada, agredida sexualmente y estrangulada antes de que su cuerpo fuera descubierto en un arroyo al día siguiente.
El caso ha atraído una atención significativa debido a sus implicaciones en la política migratoria en Estados Unidos. Ambos hombres habían ingresado al país ilegalmente y fueron arrestados previamente por la Patrulla Fronteriza de EE. UU. cerca de El Paso a principios del año, pero fueron liberados con notificaciones para comparecer ante el tribunal en una fecha posterior.
La fiscal del condado de Harris, Kim Ogg, expresó su indignación por el caso, señalando que era particularmente angustiante porque si los hombres hubieran sido detenidos después de cruzar la frontera, no habrían tenido la oportunidad de cometer un crimen tan horrible.
En detalle
Ogg describió el asesinato de Nungaray como "vile, brutal y sin sentido", enfatizando el impacto emocional en su familia y la comunidad. La decisión de la fiscalía de buscar la pena capital refleja la gravedad de los cargos—asesinato capital—y la naturaleza del presunto crimen.
Cada sospechoso está actualmente detenido con una fianza de 10 millones de dólares mientras continúan los procedimientos legales.
Este caso también ha sido utilizado por figuras políticas para criticar las políticas migratorias actuales y las medidas de seguridad fronteriza bajo la administración del presidente Biden.
La madre de Nungaray ha apoyado públicamente un control fronterizo más estricto tras la muerte de su hija, destacando cómo los incidentes trágicos que involucran a inmigrantes pueden influir en el discurso público sobre la reforma migratoria.
