El Congreso de los Diputados de España ha aprobado una iniciativa que urge al Gobierno español a solicitar una orden de arresto contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad.
Esta propuesta, impulsada por el Partido Popular (PP) y respaldada por el partido Vox, fue aprobada en una votación que evidenció una clara división política en la cámara, con el PSOE y Sumar votando en contra.
La resolución exige al Gobierno español adherirse a una demanda presentada en 2018 ante la Corte Penal Internacional (CPI) y dirigirse a su Fiscalía para requerir avances sobre la situación en Venezuela.
Además, se solicita que la CPI emita una orden de arresto contra Maduro y otros miembros de su régimen, quienes son acusados de violaciones graves de derechos humanos.
El debate en el Congreso puso de manifiesto las tensiones políticas en torno a la crisis venezolana. Mientras que el PP argumentó que es fundamental actuar frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, el PSOE, junto con otros partidos de izquierda como Podemos y ERC, se opuso a la iniciativa.
Con pruebas suficientes
Estos partidos argumentaron que la solicitud podría interferir en la independencia de la CPI y complicar aún más las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela. A pesar de estas objeciones, el PP logró avanzar con la propuesta gracias al apoyo de algunos partidos regionales que optaron por abstenerse.
La iniciativa no solo se centra en la solicitud de arresto, sino que también incluye un requerimiento para que el Gobierno presente un informe sobre las acciones realizadas por la embajada española en Caracas en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles afectados por crímenes en Venezuela.
Este paso refleja un creciente interés del Parlamento español por abordar la situación política y humanitaria en el país sudamericano, donde miles de venezolanos han huido debido a la crisis económica y social.
La votación marca un momento significativo en la postura del Congreso español respecto a Venezuela y pone de relieve el compromiso de algunos partidos políticos con los derechos humanos y la justicia internacional.
