La ola de violencia que ha azotado a Ecuador en los primeros días de 2024 ha llevado al presidente Daniel Noboa a declarar oficialmente un "conflicto armado interno" que requerirá la intervención de las fuerzas armadas.
El Político
Los motines y los ataques tanto a civiles como a organismos de seguridad son solo una muestra del deterioro que ha experimentado el país en términos de seguridad, sumado al evidente desgaste del sistema penitenciario.
El asesinato a sangre fría del aspirante a presidente y periodista Fernando Villavicencio, que conmocionó tanto a nivel nacional como internacional, es solo la punta del iceberg de la violencia y la criminalidad que existe en el país sudamericano.
Creer que el aumento de homicidios es reciente es ilógico, ya que el fortalecimiento de los narcoterroristas ha estado en marcha desde hace mucho tiempo. De hecho, es importante comprender cómo el socialismo bolivariano del ex presidente Rafael Correa contribuyó a generar la impunidad en la que operan actualmente los grupos violentos.
¿Cómo ha progresado la violencia?
Es importante destacar que históricamente Ecuador era conocido por ser un país relativamente seguro en comparación con la mayoría de sus vecinos. Entre 1994 y 2006, la tasa de homicidios se mantuvo entre 10 y 20 casos por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, Durante los siete años de gobierno del socialista bolivariano Rafael Correa, esta tasa se mantuvo en el mismo rango y luego disminuyó ligeramente, oscilando entre 5 y 10 homicidios por cada 100.000 habitantes durante sus últimos tres años en el poder.
Por su parte, su sucesor, Lenin Moreno, quien rompió relaciones con Correa, llevó al país hacia una dirección política más centrista. Durante su gobierno, la tasa de homicidios se redujo de 12,8 a 6,6 casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que los niveles alcanzados durante el mandato de Moreno fueron un 50% inferior a los de Correa. No obstante, el mandato de Guillermo Lasso fue testigo de un rápido y significativo aumento de las muertes violentas, que casi se han quintuplicado y se sitúan en alrededor de 40-45 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año pasado, 2023.
Las decisiones de Correa que llevaron a Ecuador a la violencia
Recordemos que en 2009, Rafael Correa tomó la decisión de cerrar la base estadounidense en Manta, lo cual tuvo un impacto importante en la seguridad del país. Desde 1998, mediante un acuerdo, Estados Unidos utilizaba estas instalaciones para llevar a cabo misiones internacionales de lucha contra el narcotráfico.
La presencia de la base estadounidense era fundamental para evitar la infiltración de las FARC en Ecuador y contribuía a debilitar a los narcoterroristas en Colombia, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, quien logró importantes avances en la lucha contra estos grupos violentos. Esta ruptura de acuerdos trajo como consecuencia el incremento del narcotráfico en el país.
Rafael Correa está siendo investigado por la fiscalía ecuatoriana por presunta financiación recibida de las FARC durante su primera campaña presidencial. Esta información ha perseguido al ex mandatario desde 2008, cuando Colombia llevó a cabo una operación fronteriza que resultó en la muerte de Raúl Reyes, uno de los líderes del grupo narcoterrorista, en territorio ecuatoriano.
El cierre de la base estadounidense y las acusaciones de vínculos con las FARC han generado controversia y un vacío en la lucha contra el narcotráfico en Ecuador, lo que ha empeorado la seguridad, aumentando la violencia y la criminalidad.
Por su parte, la inteligencia colombiana obtuvo documentos que fueron posteriormente confirmados por destacados periodistas de la región, como Herbin Hoyos. Según testimonios de guerrilleros, se afirma que Correa habría recibido un total de 500.000 dólares de las FARC en dos pagos.
Estas acusaciones están siendo investigadas por la justicia. Es importante mencionar que Correa ha sido condenado a ocho años de prisión por corrupción, pero se fugó del país y se encuentra en Bélgica, evitando enfrentar los 34 casos penales pendientes en Ecuador.
Durante su mandato, Correa tuvo acercamientos con pandillas violentas, como los Latin Kings y Los Ñetas, en un intento de pacificación respaldado por el gobierno ecuatoriano. Además, el exmandatario aprobó un decreto que otorgaba indultos generalizados a criminales condenados por tráfico de drogas.
Las acciones y decisiones de Correa lograron el deterioro de la seguridad en Ecuador. Las acusaciones de financiación de las FARC y los vínculos con pandillas violentas plantean serias preocupaciones sobre el verdadero enfoque de su mandato.
Tráfico de cocaína y lavado de activos
Con el tiempo se ha revelado la creciente infiltración del narcotráfico en Ecuador durante los años de Correa. La incautación de drogas se cuadruplicó de 35 a 119 toneladas bajo su gestión, y desde entonces ha seguido aumentando, alcanzando las 200 toneladas en 2023.
Ecuador, que solía ser considerado un país de tránsito, ahora se ha convertido en uno de los principales productores y distribuidores internacionales de cocaína y otras drogas. La zona costera, donde se encontraba la base de Manta que Correa desmanteló, se ha convertido en el epicentro de esta actividad. Además, la situación en la frontera con Colombia, donde Correa se negó a colaborar, también es motivo de preocupación.
El narcotráfico en Ecuador no solo opera de manera violenta, sino que también se beneficia de una sofisticada red de lavado de dinero que aprovecha la dolarización del país.
Según el Observatorio de Crimen Organizado ha confirmado que Ecuador se ha convertido en un centro de blanqueo de capitales. Esta actividad se realiza principalmente a través de la construcción y el sector inmobiliario, pero también se extiende a franquicias farmacéuticas, concesionarios de automóviles, restaurantes, centros comerciales y gasolineras.
Excesiva corrupción
La corrupción socialista ha convertido a Ecuador en un mercado idóneo para organizaciones criminales. Durante el gobierno de Correa, se estima que se malversaron y desperdiciaron alrededor de 70.000 millones de dólares, revelando la falta de control total en el país.
No es sorprendente que Ecuador ocupara el puesto 117 en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional y el puesto 91 en el Índice del Imperio de la Ley de World Justice Project durante el último año de mandato de Correa. Además, se impusieron 477 sanciones a medios y periodistas, como parte de una campaña de represión y persecución de la libre expresión y la información independiente para encubrir estos escándalos.
La llamada operación Metástasis reveló los vínculos entre el narcotráfico, los magistrados, la policía y los políticos en Ecuador. La fiscal general, Diana Salazar, señaló que "el narcotráfico se ha infiltrado en las instituciones del Estado y opera en el sistema judicial y político para lograr la impunidad".
Estas decisiones solo han alimentado un clima de impunidad, lo cual favoreció a las operaciones del narcotráfico.
