La semana pasada, la agencia Bloomberg reportó una noticia con posibles repercusiones importantes en la política venezolana. A saber, el gobierno de Estados Unidos notificó a la Organización de Naciones Unidas que los fondos para ayuda humanitaria en Venezuela, los cuales administrará el ente multilateral, no caerán en manos de acreedores del Estado venezolano.
Alejandro Armas/El Político
La aclaratoria presuntamente alude a la posibilidad de que el sinnúmero de personas jurídicas a las que la República venezolana debe dinero demanden esos recursos en tribunales norteamericanos. La medida ha sido ampliamente interpretada como un intento de Washington por alentar el diálogo entre el chavismo y la oposición que lleva meses estancado.
¿Se reanudarán entonces las negociaciones? ¿Habrá por fin un cese al juego trancado en la política venezolana? Veamos.
Mire con atención
Lo primero que hay que recordar es que los fondos referidos se enmarcan en un “acuerdo social” suscrito el año pasado por el chavismo y la oposición. El mismo contempla que el dinero se emplee en la procura de insumos y nueva infraestructura para el destruido sistema venezolano de salud pública. También para mantenimiento urgente a la red de generación y distribución eléctrica, asimismo devastada, entre otros gastos.
Ese es el único producto concreto del diálogo, hasta ahora. Pero no se ha implementado, a todas luces por diferencias en cuanto a la administración del dinero. Desde entonces, el gobierno de Nicolás Maduro se niega a reanudar las conversaciones y exige el desembolso de los recursos.
Entonces, a primera vista, la medida de Estados Unidos cumpliría su presunto propósito de hacer que ambas partes vuelvan a la mesa de negociación. Pero hay otros factores que lo ponen en duda.
Para empezar, el chavismo esgrime otras exigencias antes de retomar el diálogo. Entre ellas, la excarcelación del empresario colombiano Alex Saab y el fin de la investigación en la Corte Penal Internacional por violaciones de Derechos Humanos en Venezuela. Como se explicó previamente en este espacio, esas son condiciones prácticamente imposibles de cumplir… Y el chavismo ha de saberlo.
Nueva arremetida
Pero además, nuevas señales indican que el mismísimo lío por el manejo de recursos sigue sin resolver. Este lunes, Maduro suscribió una llamada “Ley para la Protección de Activos, Derechos e Intereses de la República en el Extranjero”.
Según explicó el propio Maduro, la ley permite la enajenación de bienes de personas que hayan manipulado activos del Estado venezolano atribuyéndose indebidamente la representación del mismo. Esas personas también pudieran ser condenadas con hasta 20 años de cárcel.
A todas luces, la ley busca castigar a miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora. Fue esta la que creó el llamado “gobierno interino” encabezado por el diputado Juan Guaidó y que se apoderó de activos del Estado en el extranjero, que gobiernos aliados quitaron al chavismo como forma de presión. Desaparecido dicho interinato, la propia Asamblea Nacional heredó el control, lo cual desató la ira del chavismo. Hay órdenes de captura contra la directiva del parlamento, cuyos integrantes están exiliados.
La razón más probable detrás de la nueva ley es que la elite chavista sigue empeñada en que le devuelvan todos esos activos, para su administración exclusiva. Eso sin hacer ninguna concesión política sustancial. Prefiere recurrir al miedo para alcanzar su objetivo, lo que a su vez indica falta de disposición para avanzar en el diálogo como no sea para obtener beneficios unilaterales. Mientras, el statu quo autoritario se mantendría.
