Pasaron más de nueve años desde la madrugada en la que Guido Alejandro Antonini Wilson intentó entrar a la Argentina con una valija cargada de 790.550 dólares no declarados. Desde entonces, ni él ni nadie se reconoció como dueño de ese dinero, que ayer la Justicia decomisó.
El juez en lo penal económico Pablo Yadarola, en un fallo que él mismo definió como "inédito", resolvió "decomisar de manera definitiva y anticipada, en favor del Estado nacional, con fines sociales reparatorios" aquellos cientos de miles de dólares, a pesar de que en el caso no hubo condenas.
El juez le encomendó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, la tarea de establecer "cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación o cualquier otro) para que la suma de dinero incautada pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad".
Antonini Wilson nunca se puso a disposición de los tribunales del país y está rebelde (la Argentina pidió su extradición a los Estados Unidos pero no la consiguió). El ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti fue sobreseído por prescripción, es decir, sin que la Justicia lograra determinar cuál había sido su responsabilidad en el caso. Lo mismo que Diego Uzcátegui, ex vicepresidente de la petrolera venezolana Pdvsa, y su hijo Daniel, todos pasajeros del mismo vuelo que Antonini. Pero este año, la Corte Suprema dejó sin efecto todos esos sobreseimientos. El caso no está del todo cerrado.
La regla general es que el decomiso es una medida que acompaña una condena. Por eso, lo novedoso de este caso es que el decomiso, de carácter definitivo, es "anticipado". En su fallo, Yadarola advirtió que puede disponerlo porque se dan los requisitos que exige la ley, que pide que esté comprobada "la ilicitud de su origen o del hecho material al que estuvieren vinculados" los fondos y que "el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de su fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción".
Cuando la fiscal del caso, María Luz Rivas Diez, pidió el decomiso del dinero, dijo que estaba claro que era de origen ilegal. No había sido declarado, se transportaba en efectivo a pesar de que hubiera sido mucho más razonable bancarizarlo, y en nueve años nadie lo reclamó. "El dato más llamativo resulta ser que todos los imputados han manifestado, de alguna u otra forma, ser ajenos al dinero secuestrado, a pesar de lo cuantioso de la suma en cuestión", afirmó la fiscal. Quien se hubiera identificado como su dueño hubiera podido reclamar la devolución del "50% del monto secuestrado". Nadie lo hizo.
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que depende del Poder Ejecutivo, le pidió al juez que le entregara el dinero decomisado. Le dio incluso el número de cuenta donde depositar los fondos. Yadarola se negó.
El juez sostuvo que "en este caso puntual, con las características especiales que presenta", girar el dinero a la UIF no era suficiente para resarcir a la sociedad de forma inmediata, próxima y efectiva.
"Me permito efectuar una consideración particular", dijo el juez, y afirmó que "aún subsisten necesidades básicas insatisfechas de una parte importante de la población" y que un dato preocupante es que dentro de ese grupo hay "personas menores de edad".
"Entiendo que de materializarse el dinero incautado en un bien concreto que tenga como característica ser de utilidad pública, permitirá a la sociedad toda mediante su efectiva visibilidad y público conocimiento, alcanzar el postulado reparador normativamente pretendido", escribió.
Será ahora Marcos Peña quien decida el destino de los 790.550 dólares que encontró la agente aduanera María Luján Telpuk cuando le pidió a Antonini que abriera la valija. La sospecha, nunca probada, era que el dinero venía de Venezuela para colaborar con el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Desde 2007 los dólares están depositados en una bóveda del Banco Nación.
Con información de La Nación
