El Congreso se alista para la posible discusión y aprobación de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas de Casos Atrasados, presentada en octubre por el representante demócrata Tony Cárdenas (California).
El Político
El proyecto ordena a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) determinar las razones de las demoras en el procesamiento de millones de casos y encontrar soluciones.
Datos de USCIS revelan que entre 2015 y 2020 la acumulación de casos creció de 3.2 a 5.8 millones. Eso incluye distintos tipos de visas, procesos de Green Card y naturalización.
“La acumulación extrema de inmigración en USCIS está dejando a innumerables personas en el limbo”, dijo Cárdenas cuando presentó la ley. “Las familias en mi distrito y en todo el país esperan semanas, meses e incluso años sin una sola actualización de su caso y mucho menos una resolución”.
Aseguró que con esta ley, USCIS podría informar que los casos son manejados de manera justa y oportuna.
La acumulación de solicitudes pendientes en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha aumentado exponencialmente en los últimos años. El Congreso finalmente se está dando cuenta.
El American Immigration Council destacó la importancia de esta ley, al considerar que extensas demoras que enfrentan millones de inmigrantes que solicitaron un beneficio migratorio, pero no han recibido una respuesta.
“La Ley impondría estrictos requisitos de presentación de informes a USCIS, asegurando que la agencia informe al Congreso sobre la cantidad de casos pendientes y el tiempo promedio de procesamiento para cada tipo de beneficio de inmigración adjudicado”, destacó el abogado Raúl Pinto.
Agregó, sin embargo, que el proyecto es apenas “un pequeño paso” para abordar los problemas acumulados en USCIS, incluidos fondos, a fin de evitar aumentos a las tarifas.
“El Congreso también debe ayudar a la agencia al proporcionar más fondos directos para la reducción de los retrasos, algo que la agencia normalmente tendría que pagar mediante el aumento de las tarifas de los solicitantes”, advirtió.
Respaldo de organizaciones
La reforma es apoyada por varias organizaciones civiles, incluida la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), que destacó que los 16,000 miembros de ese grupo representan casos de retrasos ante USCIS.
“Se han separado familias, las empresas han perdido empleados clave y las personas vulnerables continúan en peligro”, advirtió a finales de octubre Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de Inmigrantes (CHIRLA), también consideró el proyecto como una forma de garantizar que inmigrantes tengan un proceso justo en sus solicitudes.
En el mismo tenor se expresó Nicole Melaku, directora ejecutiva de National Partnership for New Americans (NPNA).
“Durante años, la NPNA ha solicitado al USCIS que reduzca los retrasos en el procesamiento para que las familias, para que las personas no tengan que esperar innecesariamente a que se procesen sus solicitudes”, dijo.
Qué permitiría la ley
– Requiere que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presente informes detallados de acumulación de casos.
– Identificar cada proceso pendiente, es decir el retraso neto y bruto.
– Describir las categorías para cada retraso en las solicitudes.
– Enumerar el tiempo de procesamiento promedio para cada tipo de solicitud, junto con cualquier cambio en ese tiempo en relación con el trimestre anterior.
– Permitirá análisis de los factores que contribuyen a la acumulación de casos.
– Obligará a una evaluación de los procedimientos de USCIS.
– Acciones sobre cómo eliminar el atraso y garantizar adjudicaciones.
Fuente: La Opinión
