El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó el martes la reapertura de su investigación sobre las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas del régimen de Nicolás Maduro.
El Político
En abril, Khan había rechazado la petición de las autoridades venezolanas de un aplazamiento e indicó que intentaría seguir adelante con las indagaciones, dos años después de que una investigación preliminar encontrara pruebas de crímenes contra la humanidad. La decisión de reabrir la investigación pasa ahora a los jueces de la CPI.
? Declaración del Fiscal de la Corte Penal Internacional, #KarimAAKhanKC, tras su petición de una orden de autorización, en virtud del párrafo 2 del artículo 18, para la reanudación de las investigaciones en la Situación en Venezuela I ⤵️ https://t.co/cT2JFVM3jH
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 1, 2022
Por qué es importante
El pase a investigación da esperanza a las víctimas de los hechos de represión y persecución que han ocurrido en el país al menos desde el 2017 y permitirá a la fiscalía emplear sus recursos para obtener más pruebas de lo ocurrido.
Durante esta fase, la Fiscalía podrá también determinar si existen motivos para formular cargos contra personas específicas que tengan responsabilidad individual en los crímenes de lesa humanidad bajo investigación.
Por su parte, el régimen venezolano manifestó su desacuerdo con la decisión de que se inicie una investigación y afirmó que consideran que no se cumplen los requisitos del artículo 53(1) del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación.
En contexto
Khan declaró el martes que concluyó “que el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado, y que se debe autorizar la reanudación de la investigación”.
El fiscal admitió que las autoridades venezolanas han emprendido reformas legales, pero consideró que en la actualidad “siguen teniendo un alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procesos potencialmente relevantes”.
El caso fue llevado a la CPI por los estados miembros Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, quienes solicitaron una investigación sobre los delitos presuntamente cometidos desde principios de 2014.
El Ministerio de Comunicación y la Fiscalía de Venezuela no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios, reportó EuroNews.
La CPI comenzó a realizar un examen preliminar sobre el país en 2018, y en marzo de este año, Khan dijo que abriría una oficina en Caracas.
La exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, realizó una investigación preliminar y en 2020 dijo que encontró una base razonable para concluir que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al menos desde abril de 2017.
El examen preliminar se centró principalmente en denuncias de fuerza excesiva, detención arbitraria y tortura por parte de las fuerzas de seguridad durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017.
Pero en su solicitud formal para que se reanude la investigación, Khan dijo que después de evaluar “una cantidad considerable de información” proveniente de fuentes creíbles, había llegado a la conclusión de que el aplazamiento no estaba justificado en este momento.
En conclusión
Si bien la firma del memorándum de entendimiento entre la Fiscalía de la CPI y el régimen venezolano manifiesta el apoyo a las reformas judiciales necesarias para que se lleven a cabo juicios válidos en virtud del principio de complementariedad, también evidencia que la Fiscalía considera que, hasta la fecha, la administración chavista no ha investigado debidamente los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en el país y por lo tanto la situación de Venezuela es admisible según el artículo 17 del Estatuto.
Las organizaciones de la sociedad civil habían alertado que las decisiones tomadas en algunos casos emblemáticos para avanzar en los procesos penales en el ámbito nacional no satisfacían los estándares internacionales para la investigación y enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad, ya que no se imputaban delitos de gravedad suficiente y no se investigaba a las cadenas de mando.
