La Audiencia Nacional de España favoreció a Nervis Villalobos, ex funcionario de PDVSA, con el sobreseimiento de la causa.
El Político
Villalobos, prófugo de la justicia venezolana y estadounidense, es juzgado en España por el desvío de fondos millonarios de la petrolera estatal venezolana.
La jueza María Tardón, vinculada al partido del presidente Sánchez, en el gobierno, Psoe, dispuso el sobreseimiento del ex viceministro de Pdvsa, durante el gobierno de Nicolás Maduro, su mujer y Alfonso Garrido Picón.
Todo esto, en una de las cuatro piezas que componen el extenso caso de corrupción de la petrolera venezolana.
La macro-causa de PDVSA es una de las investigaciones más importantes sobre corrupción del chavismo a nivel global, una parte ineludible de la “gran corrupción” de Venezuela que hundió al país en la peor crisis de su historia.
Villalobos, el funcionario hoy favorecido en el tribunal de Madrid, enfrenta múltiples acusaciones tanto en España como en Estados Unidos y Portugal, según datos aportados por la ONG Transparencia Venezuela.
Decisión judicial "sorpresiva"
La sorpresiva decisión judicial alertó a las organizaciones que siguen el caso porque, aunque se trata solo de uno de los cuatro capítulos del expediente, puede sentar un precedente para el futuro de esta macro-causa.
“Esperamos que la jueza Tardón no pretenda cerrar el caso completo con plumazos y tome decisiones irresponsables”, advirtieron desde Transparencia Venezuela.
“La jueza tiene en sus manos un caso trascendente no sólo para la justicia española, sino también muy importante para Venezuela.”
La jueza Tardón investigaba una operación de supuesto lavado de dinero por parte de Villalobos y Milagros Coromoto de Villalobos.
A través de falsos contratos de asesorías celebrados entre una sociedad offshore de su propiedad y una empresa en Estados Unidos que involucraron más de $ 6,9 millones que ingresaron a cuentas bancarias en España.
“Teniendo en cuenta lo expuesto, no cabe sino concluir que, tras una dilatada y extensa investigación, no resultan indicios bastantes para inferir, en los términos exigibles para continuar el procedimiento penal contra los tres investigados solicitantes del sobreseimiento".
"Por otra parte, la operativa que es aquí objeto de investigación pueda configurar el delito de blanqueo de capitales”, indicó Tardón antes de dictar el sobreseimiento provisional.
Por último, Tardón indicó en el auto judicial que el sobreseimiento y su consecuente no es definitivo, ya que en las otras ramas del caso PDVSA podrían aparecer nuevas pruebas que lograran reactivar esta pieza.
También es juzgado por blanqueo
Villalobos es también investigado por blanqueo en la misma causa sobre PDVSA.
La jueza tomó la decisión pese a la negativa de la Fiscalía Anticorrupción, que acusó a Villalobos, exministro de Energía y Minas involucrado en distintas causas de corrupción tanto en España, como en Estados Unidos.
Los fiscales relataron en su acusación que la sociedad Kingsway LDA, radicada en la Isla Madeira de Portugal, suscribió el 7 de noviembre de 2010.
Un aparente contrato de asesoría en materia de energía con la compañía Miami Equipment & Export, dirigida por los empresarios Luis Díaz y Luis Javier Díaz.
Los fiscales indicaron que Miami Equipment se dedicaba a realizar varios proyectos de ingeniería en el sector eléctrico como proveedora de bienes y servicios para terceros.
"Aunque en el contrato no quedan especificados a que proyectos concretos se refiere”.
“Además, se indica que Kingsway LDA fue contratada para llevar a cabo unos servicios de consultoría de ingeniería, estableciéndose una comisión a su favor de $ 9,4 millones”.
PDVSA no acusó a Nervis Villalobos
La acusación dentro de este capítulo fue articulada completamente por la Fiscalía Anticorrupción.
La jueza Tardón había aceptado a PDVSA como querellante en el expediente, pero la empresa estatal venezolana no acusó a Villalobos y su mujer.
Los fiscales siguieron la ruta del dinero: lograron identificar que la sociedad de Villalobos ingresó fondos por $ 6,9 millones a su cuenta en el Banco de Madrid entre octubre de 2011 y junio de 2012.
“No se aprecian en la documentación revisada movimientos que pudieran indicar la existencia de una prestación de servicios de consultoría a otras sociedades o de gastos derivados de trabajos realizados, como viajes, estancias en hoteles, gastos de oficina, y que pudieran vincular a la sociedad con una actividad real”.
Los acusadores, además, agregaron que la cuenta bancaria mencionada se nutrió durante ese período sólo de los fondos que enviaba Miami Equipment.
La mansión en La Moraleja
El siguiente paso en la ruta del dinero lleva hasta una mansión.
El matrimonio Villalobos adquirió con esos fondos una casona en La Moraleja, un acomodado barrio del norte de Madrid, valuada en más de un millón de euros, según la escritura pública.
La compra de esta mansión más la apertura de múltiples investigaciones judiciales por supuesta corrupción expuso a Villalobos en los medios de comunicación españoles.
Más allá del sobreseimiento en este capítulo de la macro-causa PDVSA, el ex viceministro de Energía Eléctrica continúa siendo investigado en este expediente por otros cargos, pero también en otras investigaciones vinculados a supuesta corrupción con fondos públicos de la compañía estatal venezolana.
Quedan otros casos pendientes contra Villalobos
Villalobos fue detenido en España en 2017 por una orden de arresto emitida desde Estados Unidos por su presunta participación en un plan de soborno relacionado con PDVSA, pero fue liberado en octubre de 2018.
Seis días después lo volvieron a detener ante nuevos indicios, aunque después fue nuevamente liberado.
No es el único expediente de corrupción que lo involucra en España, ya que también es investigado por el caso Duro Felguera.
La investigación periodística Suisse Secrets detectó fondos en cuentas suizas por 10 millones de francos suizos.
Los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción no fueron suficientes para la jueza Tardón, que dispuso el sobreseimiento provisional al considerar que las pruebas obtenidas hasta el momento no alcanzaban para continuar con la investigación sobre los acusados después de varios años de investigación.
La magistrada de la Audiencia Nacional de Madrid entendió que, después de analizar distinta documentación aportada por la defensa de Villalobos no puede descartar que los servicios de consultoría hayan sido realizados justificando el consecuente pago de honorarios por los mismos.
Blanqueo en Florida
“Por cuanto, tanto por el objeto de la sociedad contratante, Miami Equipment, encargada de varios proyectos de ingeniería en el sector eléctrico como proveedora de bienes y servicios para terceros como por la cualificación y dedicación profesional de Villalobos, ingeniero eléctrico, que llegó a ostentar el cargo de viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, estaríamos ante actuaciones que se corresponden con la actividad propia de ambas contratantes”, indicó la magistrada en el auto.
Sobre la falta de la totalidad de las facturas para justificar el ingreso de los fondos a cuentas bancarias en España, Tardón indicó que “no se excluye” la posibilidad de que aparezcan las facturas que hasta el momento no forman parte del expediente para justificar la totalidad de los ingresos, como ocurrió con una factura que aportó la defensa de Villalobos y que no estaba en la acusación de la fiscalía.
También en Panamá
La jueza también puso en duda que la compra de la mansión en La Moraleja haya sido parte de una operación de lavado de dinero.
“El modo en que se realizó el pago de la compra no parece evidenciar una operativa sospechosa de blanqueo”, sostuvo.
Y agregó que la operación se concretó a través de un crédito hipotecario a nombre del propio Villalobos.
La jueza se refirió a la condena que recibieron en Estados Unidos de los Díaz, los socios de la empresa Miami Equipment, entre otros delitos por lavado de dinero en 2018.
Luis Díaz y Luis Javier Díaz, fueron acusados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por conducir, gestionar y transferir dinero a nombre de otros y a cambio de una comisión, a cuentas ubicadas e instituciones financieras en España y Estados Unidos, asignadas a empresas fantasmas en Portugal e Islas Vírgenes Británicas.
Los ciudadanos, dice la acusación, también transfirieron 300.000 dólares a un funcionario del gobierno venezolano, que tenía una cuenta en Panamá.
A pesar de que muchos de estos indicios coinciden con la operatoria antes detallada por los fiscales, Tardón indicó que la sentencia en Estados Unidos “no cuestiona ni refiere en ningún momento un posible origen ilícito de los fondos transferidos” investigados en España.
Así como “que los mismos deriven de conductas de corrupción cometidas por funcionarios o empleados del gobierno venezolano”.
¿Realizar transferencias irregulares no constituye un delito en España? ¿No significa esta decisión de la jueza un precedente de impunidad en el sistema de justicia español?”, cuestionaron desde Transparencia Venezuela.
