Ana Esther, una madre soltera, residente en mi Distrito 12 de Miami-Dade, llegó con lágrimas en los ojos y un manojo de incertidumbre en la mirada.
Sophia Lacayo/ El Político
Luego de los períodos de gracia, implementados por la pandemia del COVID-19, simplemente no pudo (no puede) ponerse al día con la renta de su pequeño apartamento y enfrenta el triste desalojo. Por si fuera poco, su mensualidad subió de 1.100 a 1.550 dólares, cuando su salario es apenas superior al mínimo estatal y es retribuida con 10.50 por cada hora en un mercado minorista.
El Condado Miami-Dade acaba de aprobar un puñado de directrices bajo el paraguas denominado Declaración de derechos de los inquilinos, con el objetivo de brindar un poco de protección a las personas como Ana Esther.
Si bien es una forma de reconocer que nos encontramos ante un problema mayúsculo de accesibilidad en la vivienda, esta medida no tiene la capacidad ni de evitar un aumento de los exorbitantes precios ni tampoco reducir los ya instaurados en medio del infierno inflacionario.
La nueva normativa condal ofrece cierta garantía a los inquilinos en situaciones específicas, pero aun sin el alcance de equilibrar la situación caótica en que viven numerosas familias. En pocas palabras, como iniciativa es aplaudible, solo que urgen proyectos sólidos y pragmáticos capaces de encontrar el denominador común entre arrendatario y arrendador. Porque si bien puede representar un alivio verdadero para las personas de bajos recursos, también pudiera otorgarles a individuos oportunistas una brecha para no cumplir con el contrato de renta establecido por ambas partes.
Otra directriz plantea que el inquilino puede deducir costos para asumir reparaciones en el inmueble, pero ¿Quién cotiza o evalúa? Como el punto anterior pudiera derivar en un arma de doble filo. De igual manera se prohíbe preguntar por desalojos anteriores en el proceso de consumar la renta de una vivienda. Otras aristas, de igual manera vienen a maquillar la realidad, sin ejercer verdadero poder en la ecuación.
La semana pasada, activistas y trabajadores, realizaron una manifestación protestando por el acelerado aumento de los alquileres. En marzo ya se había aprobado una ley que otorga un mínimo de 60 días para notificar al inquilino cualquier aumento superior al 5%. Pero ¿Si no puede asumir desde la dignidad de su salario esta subida, cómo hacer para encontrar un nuevo sitio y abonar, primer y último mes más el depósito de seguridad?
Es una verdadera odisea. En varios reportes se argumenta sobre el crecimiento de personas sin hogar, deambulando por las calles o durmiendo en automóviles.
Los refugios no dan abasto a la cantidad de personas que solicitan.
Sin medias tintas, los salarios no son lo suficientemente altos para hacerle frente al pago de un alquiler en Miami-Dade para miles de familias, muchas de ellas de ascendencia hispana.
La pandemia estimuló una inmigración interna de otros estados a Florida, por el clima y otros beneficios fiscales. Este grupo, de mayor poder adquisitivo, fue una especie de detonante para el costo de los alquileres.
Según un reporte del portal inmobiliario Zumper, el año pasado cinco de las diez ciudades de EEUU, donde más subieron los alquileres, se encuentran en nuestro estado. Miami y Tampa, con un aumento del 38%, lideraron la lista. La media en la Capital del Sol se ubicó en unos 2.280 dólares mensuales. Aunque después de este informe se reportan otras curvas ascendentes considerables.
Ana Esther, mira con esperanza el mañana, pero con dolor sufre el hoy. No puede tener un segundo trabajo pues no tiene quien le cuide a su hijo. Su arrendador presiona con la corte. (Obviamente tiene derechos, no se trata de estigmatizar al propietario)
Les corresponde a los servidores públicos electos trabajar de conjunto y encontrar soluciones viables para no dañar ni a los propietarios ni a las personas que necesitan un techo que puedan pagar.
