El gobierno de Nicolás Maduro está persiguiendo a las organizaciones que hacen trabajo humanitario en Venezuela con mecanismos de control y hostigamiento.
El Político
Para estas, hacer su trabajo ya era casi imposible por la escasez y las sanciones del exterior.
Durante más de 15 años, Azul Positivo, una organización civil sin fines de lucro, había impulsado programas de salud preventiva contra la violencia de género y de asistencia humanitaria a poblaciones en situación de pobreza en Venezuela sin mayor problema.
Ahora, al igual que decenas de organizaciones de la sociedad civil en ese país, sus integrantes han sido víctimas de la represión del oficialismo mientras realizan sus labores humanitarias, reportó El Espectador.
Régimen contra el trabajo humanitario
El pasado 12 de enero, una comisión de 15 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) allanó la sede de Azul Positivo en Maracaibo para realizar un supuesto procedimiento administrativo sobre las actividades que adelantan en el estado de Zulia.
Los miembros del equipo, e incluso sus directivos, fueron retenidos e interrogados durante más de seis horas sin ninguna razón.
Cinco integrantes de la organización fueron detenidos y llevados a la sede del DGCIM, en donde no tuvieron acceso a sus abogados y fueron hacinados junto a otros detenidos sin medidas de bioseguridad. Diez días después tuvieron que ser trasladados a un centro médico por tener síntomas de COVID-19.
Además, los oficiales decomisaron equipos de comunicación y una docena de tarjetas de los beneficiarios del programa humanitario, así como un banco de datos.
Proceso contra Azul Positivo
El proceso contra Azul Positivo ha sido totalmente irregular. Según explicó la abogada del equipo, Lisseth Mogollón, el DGCIM solo tenía una orden para allanar la sede, pero no había investigación en contra de estas personas.
Por esta razón, no deberían haber sido detenidas. A todos se les imputó cargos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
La organización Acceso a la Justicia ha señalado que no existen fundamentos para imputar estos cargos, pues solo se aplican cuando los fondos son ilícitos, pero todo el dinero que recibe Azul Positivo proviene de organismos de cooperación internacional.
Naciones Unidas apoya trabajo humanitario en Venezuela
Según Naciones Unidas, esta ley se ha usado para silenciar a los defensores de los derechos humanos y a las voces críticas con el gobierno; y vino acompañada de otra normativa, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que ordenó mayores controles a la sociedad civil, como la supervisión de las operaciones financieras de las ONG por parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
“Esas leyes han sido adoptadas por el chavismo, que ha cooptado las ramas del poder. Fueron también una respuesta a las protestas de 2017 y lo que buscan es minar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y limitarlas a través de mecanismos muy concretos como la persecución abriendo proceso penales; o la prohibición de que las organizaciones de la sociedad civil reciban recursos de agentes externos o actores internacionales. Con esto se busca impedir que estas organizaciones visibilicen las violaciones a los derechos humanos”, señala Lucía Ramírez; abogada especialista en derecho constitucional y coordinadora de investigaciones en temas de migración y Venezuela para Dejusticia.
Un informe del Centro para los Defensores y la Justicia, publicado esta semana, denuncia que solo en enero de este año hubo 99 ataques contra aquellos que defienden los derechos humanos y realizan acciones humanitarias en Venezuela.
Las agresiones se caracterizaron por la judicialización de personas y la detención arbitraria, el allanamiento a las sedes; las amenazas, el hostigamiento y, sobre todo, la estigmatización.
Represión del aparato de Maduro
Pero la represión del aparato de Maduro no es la única barrera a la que se enfrentan las organizaciones humanitarias en Venezuela. Todas han tenido que lidiar con la escasez que se vive en el país
La falta de transporte, de alimentos y de servicios públicos que dificulta en la práctica las dinámicas de las organizaciones; porque sus trabajadores no pueden ni siquiera ir a trabajar.
Hay algunas organizaciones que incluyeron dentro de su pago de salarios bonos alimenticios, se crearon redes de intercambio de medicamentos; y otras instalaron duchas en sus oficinas para que la gente pudiera asearse.
Por otro lado, muchas se han visto con problemas de financiamiento, y en esto también influyen las sanciones estadounidenses sobre Venezuela; ONG que tenían sus cuentas afuera no pueden acceder a los fondos.
Tampoco llevarlos al país porque se desvalorizan y alertarían al gobierno para perseguirlos.
