En el Parlamentarios chileno oposicionistas de izquierda consignaron un proyecto de ley que sugiere otorgar indultos que beneficiarían tanto a investigados, imputados como condenados legalmente por delitos perpetrados durante las manifestaciones de calle y hechos violentos escenificados el 7 de octubre de 2019.
El Político
En la ocasión, el presidente chileno Sebastián Piñera aseveró que vetará la propuesta, porque en caso de prosperar su aprobación, quedarían si castigarse algunos delitos, entre ellos homicidio frustrado, tráfico de armas, incendio, uso de cócteles molotov, saqueos, atentados contra la red de metro de la capital Santiago y del transporte urbano. Así como lesiones graves ocasionadas a los carabineros responsables de mantener el orden ciudadano.
Bajo el Ministerio del Interior permanecen 232 personas recluidas en prisión preventiva. Se les acusa de haber cometido graves delitos y altercación del orden público. Tanto el Ejecutivo chileno como algunas organizaciones desmienten la existencia de presos políticos. Y entre ellos destaca el pronunciamiento a favor de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Presidente Piñera responde a los parlamentarios chilenos
El pasado lunes desde el Palacio de La Moneda Piñera expresó: “Todas las personas que hoy están detenidas por los graves delitos que el proyecto de un grupo de senadores intenta indultar, están privadas de libertad, no por decisión del Gobierno ni la Fiscalía, sino por decisión del poder judicial, que es un poder autónomo en el país… Atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de derecho”.
La propuesta de otorgar los indultos la consignaron la presidenta del Senado chileno, Adriana Muñoz, y la senadora socialista Isabel Allende, entre otros parlamentarios de tendencias políticas de izquierda y centroizquierda.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, expresó que con el proyecto de los parlamentarios chilenos “se normaliza la violencia y la delincuencia común en la convivencia social”.
La ministra portavoz de la Corte Suprema, la juez Gloria Ana Chevesich, declaró: “Se debe tener la certeza y tranquilidad de que los jueces no fallan según la postura política o ideológica que puede tener un imputado”.
Los argumentos de los parlamentarios chilenos aluden que las detenciones se realizaron con uso de los organismos de seguridad. Añaden: “Se ha vivido un proceso distorsionado por una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales, abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de normalidad”.
Debate político y legal
Conforme al proyecto de indulto de los parlamentarios chilenos, “el perfil social y económico de las personas afectadas por las reclusiones y procesamientos judiciales, corresponde a jóvenes que han vivido en la pobreza o en la marginalidad social”. Y que resulta “a lo menos cuestionable la exigencia formalista que se formula o reprocha a esos jóvenes por parte del sistema político y judicial, de una conducta socialmente adecuada”.
La propuesta se debatirá el lunes 21 de diciembre en la comisión de derechos humanos del Senado. Allí concurrirán autoridades, activistas y familiares de los acusados y detenidos.
Las tendencias entre parlamentarios chilenos pronostican que es poco probable que la propuesta de indulto logre la simpatía de los 22 de los 43 votos que se necesitan para ser aprobado. Aunque según las últimas tendencias, ni los oficialistas ni los opositores logran controlar las decisiones de sus allegados parlamentarios chilenos.
El fiscal Abbott declaró que hay “la certeza total de que no existen personas actualmente en prisión preventiva producto de alguna convicción de carácter político o por haber participado simplemente en desordenes”.
Por su parte, el Consejo General de Fiscales subrayó en un comunicado público difundido este lunes que la intención de los proponentes “podría constituir una gravísima señal para la convivencia social. Dejaría sin efecto, entre otras causas, la condena a 11 años de presidio impuesta a John Cobin, por homicidio frustrado y Ley de Control de Armas”. Los medios de comunicación chilenos e internacionales reseñaron que el 10 de noviembre de 2019, este hizo disparos con armas de fuego, en plena vía pública en la localidad de Viña del Mar, contra las fuerzas del orden público.
